Minería ilícita: incidencia en la convivencia y seguridad ciudadana en diez departamentos de Colombia*
Illicit mining activities: its influence on citizen coexistence and security in ten Colombian departments
Mineração ilícita: incidência na convivência e na segurança cidadã em dez departamentos da Colômbia
Mauricio Romero Hernández**
*Grupo de Investigación del Observatorio del Delito - OBSER-DIJIN GRUPLAC. Especial agradecimiento al Intendente Jefe José Odimar Arroyo Burgos, a los patrulleros Jhon Edison Reina Santa, Jhon Edison Arana Cosme, Isabel Cristina Tangarife Vélez, Mónica Sanabria, Adriana Bolaños Buitrón, Jeison Fernández Rodríguez, Yeizon Andrés Duarte, Juan Carlos Mendoza, Lohaldo Chicacausa y Roger Arias, quienes contribuyeron a recolectar información. A los estudiantes Jessica Paola Moreno, Laura Camila Sandoval, Javier Ladino Prada, Ángela María Gutiérrez Escobar y Paula Andrea Torres (2014), quienes participaron en la elaboración de la Investigación Criminológica, IV (2). Minería Ilícita, criminalidad, pobreza y vacíos jurídicos en cincuenta y dos municipios mineros de Colombia.
**Magíster (c) en Criminología y Victimología. Investigador Criminológico, Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Policía Nacional, Bogotá, D. C., Colombia. mauricio.romero1476@correo.policia.gov.co
Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Romero, M. (2016). Minería ilícita: incidencia en la convivencia y seguridad ciudadana en diez departamentos de Colombia. Revista Criminalidad, 58 (1): 47-65.
Fecha de recepción: 2015/08/24 Fecha concepto evaluación: 2015/11/20 Fecha de aprobación: 2016/02/11
Resumen
El desarrollo del delito de minería ilícita tiene amplia incidencia en el incremento de los índices de violencia en municipios mineros de Colombia, como se deduce de la presente investigación, que se realizó con el objetivo de explicar el impacto de la minería ilícita en la convivencia y seguridad ciudadana en los citados municipios. Método. La investigación fue de tipo mixto, de alcance exploratorio descriptivo, constituida por una muestra de 129 funcionarios públicos y particulares, distribuidos en 42 municipios de diez departamentos. Los resultados se analizaron desde la teoría integradora del delito, y revelan altos niveles de deterioro de la convivencia y seguridad ciudadana en municipios con vocación minera, evidenciados por elevadas tasas de homicidio, lesiones personales y extorsión, situación que es aprovechada por los grupos armados organizados al margen de la Ley para perpetuar las espirales de violencia y subdesarrollo en las áreas donde delinquen.
Palabras clave: Explotación ilegal de la riqueza minera, seguridad pública, homicidio, extorsión, lesiones personales (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD), medioambiente (fuente: Tesauro de la Unesco).
Abstract
The evolution of illicit mining offenses has wide influence on the increasing violence indices in mining municipalities in Colombia, as deducted from the present research carried out with the objective of explaining the impact of illegal mining on coexistence and citizen security in the cited municipalities. Method. Research was of a mixed type, with a descriptive exploratory scope, composed by a sample of 129 public and private officers distributed into 42 municipalities belonging to 10 departments. Results were analyzed from the integrating theory of crime, and they revealed high deterioration levels for coexistence and citizen security in municipalities with a mining vocation, as evidenced by high homicide rates, personal injuries and extortion, this situation being well exploited by illegal armed groups to perpetuate violence and underdevelopment spirals in the areas where they commit their offenses.
Key words: Unlawful exploitation/development of mineral wealth, public security, homicide, extortion, personal injuries (Source: UNESCO Thesaurus).
Resumo
O desenvolvimento do crime da mineração ilícita tem ampla incidência no aumento dos índices da violência em municipalidades mineiras da Colômbia, como se deduz da pesquisa atual, que foi feita com o objetivo de explicar o impacto da mineração ilícita na convivência e na segurança cidadã nas municipalidades mencionadas. Método: A pesquisa foi de tipo misturado, de alcance exploratório descritivo, constituído por uma amostra de 129´funcionários públicos, distribuídos em 42 municipalidades de dez departamentos. Os resultados foram analisados da teoria integradora do crime, e revelam níveis altos da deterioração da convivência e da segurança cidadã nas municipalidades com vocação mineira, demonstrada pelas elevadas taxas do homicídio, os ferimentos pessoais e a extorsão, situação que é alavancada pelos grupos armados organizados à margem da lei para perpetuar as espirais da violência.
Palavras-chave: Explotação ilegal da riqueza mineira, segurança pública, homicídio, extorsão, ferimentos pessoais (fonte: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD), meio ambiente (fonte: Tesauro da Unesco).
Introducción
El fenómeno de minería ilícita en Colombia se ha convertido en uno de los mayores problemas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, con trascendencia local y regional, de otra parte quienes la practican se han constituido en víctimas y victimarios del deterioro del ambiente, pobreza y detrimento de los principios constitucionales citados. El problema se acentúa y adquiere dimensiones nacionales ante la incursión de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que se usufructúan de la actividad ilícita.
El Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), consciente de la problemática generada por el desarrollo de la minería ilícita en Colombia, consideró pertinente adelantar la presente investigación, con el propósito de contribuir al entendimiento del fenómeno desde un enfoque criminológico que permita plantear alternativas de acción tendientes a ejercer control en el desarrollo del mismo.
El principal objetivo de la investigación fue identificar y explicar, desde la perspectiva de la Teoría Integradora del Delito, el impacto de la explotación de yacimientos mineros auríferos y no auríferos en la seguridad y la convivencia ciudadana, en 42 municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Tolima, Santander y Valle del Cauca1, con el propósito de plantear cursos de acción que faciliten su regulación, control y combate.
La teoría brinda importantes elementos de juicio, que ofrecen una visión que facilita el entendimiento de la conducta divergente de los ciudadanos y la sociedad que incurren en la mencionada actividad ilícita y delitos conexos. Para el efecto, se consultó la percepción que tienen las autoridades responsables de implementar controles y realizar seguimiento a las actividades mineras (funcionarios de alcaldías, gobernaciones, Policía Nacional, Corporaciones Autónomas Regionales y agremiaciones mineras), al igual que se analizó información estadística de delitos de la Policía Nacional y de Necesidades Básicas Insatisfechas del DANE.
La investigación plantea el dilema de cómo la minería ilícita contribuye al deterioro de la convivencia y seguridad ciudadana en los lugares donde se lleva a cabo.
Existe un acervo de investigaciones relacionadas con minería ilícita y su incidencia en el conflicto armado, orientadas a establecer nexos y consecuencias de la citada actividad con disputas de poder político, económico y social (Karl, 1977; Ross, 2001; Keen, 1998; Le Billion, 2001; Collier & Hoeffler, 2004; Bannon & Collier, 2003). Las investigaciones se han realizado en países en vías de desarrollo del África subsahariana (Ghana, República Democrática del Congo, Ruanda, Chad, Guinea Ecuatorial, entre otros) y Suramérica (Perú y Bolivia) (Colom & Campos, 2013; Di John, 2011; Tweneboah & Bentil, 2014), al igual que en Colombia, donde se ha hecho un amplio esfuerzo académico que evidencia la preocupación institucional privada y gubernamental por los lazos y conexiones entre la minería ilícita y el conflicto interno (Rettberg & Ortiz, 2014; Defensoría del Pueblo, 2010; Procuraduría General de la Nación, 2011; Maldonado & Rozo, 2014).
No obstante lo anterior, se pudo denotar la ausencia de investigaciones relacionadas con la incidencia de la actividad minera en los delitos de impacto que afectan el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana. La investigación sirvió para evidenciar correlaciones entre los delitos que afectan y deterioran la convivencia y seguridad ciudadana (homicidio, lesiones personales y extorsión), como consecuencia de la suma de múltiples factores, entre los que desempeña un papel preponderante el desarrollo de actividades mineras ilícitas.
Marco legal
La investigación contempla los términos de seguridad ciudadana, convivencia, homicidio, lesiones personales y extorsión.
Seguridad ciudadana
El concepto de seguridad ciudadana encuentra su origen en los arts. 3 y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948), al igual que en los arts. 6.1 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), los arts. I y XXIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (Organización de los Estados Americanos [OEA], 1948) y los arts. 4.1, 5.1, 7.1, 21 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1948).
La Real Academia Española (2015) define seguridad ciudadana como la "situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas del orden público".
La seguridad ciudadana es un bien público, encaminado a la protección de la integridad física y moral de las personas, y se entiende como la protección universal a los ciudadanos, en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando su vida, integridad, libertad y patrimonio económico (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2011). Con anterioridad había sido concebida como una política soportada en una articulación de esfuerzos de la institucionalidad, la consolidación del control territorial, la autoridad legítima del Estado y la protección de los ciudadanos, para garantizar mejores niveles de convivencia, así como la promoción del desarrollo económico y social de todos los colombianos (Policía Nacional [PONAL], 2010).
La seguridad ciudadana es el eje principal de la política institucional de la Policía Nacional, caracterizada por tener una concepción integral, polivalente y participativa, con el propósito de garantizar derechos, deberes y libertades de sus asociados definidos en la constitución política (PONAL, 2010).
De acuerdo con lo anterior, las problemáticas de violencia e inseguridad ciudadana inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, limitando sus espacios, relaciones sociales y derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad, la integridad psíquica, física y patrimonial, así como la vida en comunidad y el desarrollo de la democracia, entorpeciendo el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (PONAL, 2010).
Convivencia
La Real Academia Española (2015) define la convivencia como la acción de vivir en compañía de otro u otros.
La Constitución Política de 1991, en su art. 2.º, establece que uno de los fines esenciales del Estado es el de asegurar la convivencia pacífica; en el mismo sentido, consigna en el art. 95 que es deber de los colombianos defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.
La convivencia comprende la promoción del apego y adhesión de los ciudadanos a una cultura basada en el respeto a la ley y a las normas de convivencia social (DNP, 2011).
Para la PONAL, el principio de convivencia ciudadana involucra las categorías de seguridad, tranquilidad, moralidad y ecología, las cuales son exigencias que legitiman toda actuación policial orientada hacia la prevención y a la toma de medidas para evitar la ocurrencia de hechos que la afectan (PONAL, 2010).
Homicidio
La Real Academia Española (2015) define homicidio como "muerte causada a una persona por otro". El Código Penal Colombiano (CPC), en sus arts. 103 a 106, establece los tipos de homicidio y circunstancias de agravación, al igual que las penas que se imputarán a los culpables del citado delito (Congreso de Colombia, 2000).
Lesiones personales
La Real Academia Española (2015) las define como "delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien". El CPC, en sus arts. 111 a 121, determina los tipos de lesiones y penas, de acuerdo con la afectación que se genere a la víctima (Congreso de Colombia, 2000).
Extorsión
Definida por la Real Academia Española (2015) como "presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio". El CPC lo relaciona con el acto de constreñir a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero; en el mismo sentido, establece las circunstancias de agravación y penas que se han de imponer (Congreso de Colombia, 2000).
Marco teórico
Los resultados de la investigación se analizan teniendo en cuenta la Teoría Integradora del Delito, que facilita elementos explicativos que contribuyen a comprender las conductas y las diferentes manifestaciones del delito de los habitantes donde se desarrollan actividades de minería ilícita.
La Teoría Integradora del Delito desarrolla sus postulados partiendo de la premisa de que la criminalidad es el resultado de un complejo proceso de interacción entre el individuo y su entorno social, ambiental y formal; es decir, no solo considera al individuo como ser racional que evalúa los costos y beneficios de realizar una agresión, sino que pondera las experiencias y relaciones que éste ha tenido con la sociedad y otros transgresores.
La teoría se nutre de la Teoría del Aprendizaje Social, la Teoría de la Asociación Diferencial, la Teoría de la Desigualdad de Oportunidades y la Teoría de las Subculturas.
Inicialmente la Teoría del Control del Crimen plantea que cualquier persona ante las oportunidades puede cometer un acto delictivo, siendo posible evitarlo solo por las instituciones que generan patrones de control en el individuo.
La Teoría del aprendizaje Social, junto con la Teoría de la Asociación Diferencial, consideran que el crimen es un hábito adquirido por el individuo en entornos sociales (Sutherland, 1939; Burgess & Akers, 1966).
La Teoría de la Desigualdad de Oportunidades expresa que el dilema de adaptación a algunos tipos de comportamiento se presenta por las oportunidades diferenciales, que en un entorno social minimizan las posibilidades y alternativas de lograr las metas personales cuando se carece de medios institucionales pertinentes (Cloward & Ohlin, 2000).
La Teoría de las Subculturas postula que existen grupos "organizados" regulados por unas normas diferentes a las oficiales, los cuales son integrados por personas marginadas que buscan salida a la frustración de no poder participar de las oportunidades brindadas a la sociedad en general (Cohen, 1955).
Marco metodológico
La investigación es principalmente de enfoque cualitativo, de diseño narrativo-tópico, con alcance exploratorio descriptivo; además, incluye análisis cuantitativo mediante el uso de técnicas de estudio de datos de tipo descriptivo (Hernández, Fernández & Baptista, 2008).
La muestra fue no probabilística dirigida, conformada por autoridades locales y regionales con incidencia en 42 municipios mineros de diez departamentos, donde se entrevistaron funcionarios de 47 alcaldías, seis gobernaciones, ocho agremiaciones mineras, quince Corporaciones Autónomas Regionales, 42 unidades de policía y once miembros de las Seccionales de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Sijin). La muestra se seleccionó teniendo en cuenta el Censo Minero de 2010-2011 (Ministerio de Minas y Energía, 2012), pero sobre todo se ponderó la seguridad de los investigadores ante las dificultades de orden público que ostentaron algunos municipios y regiones mineras por la presencia permanente de GAOML. Para su análisis, la muestra se caracterizó como municipios auríferos y municipios no auríferos.
En la recolección de la información se utilizaron seis formatos de entrevista (Gobernación, Alcaldía, Corporaciones Autónomas Regionales, Estaciones de Policía, Sijin y Agremiaciones Mineras), que durante el transcurso del año 2013 permitieron obtener insumos provenientes de fuentes directas atinentes a la explotación de yacimientos mineros y otros materiales en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Santander, Tolima y Valle del Cauca, y su incidencia en las categorías analizadas.
La información cualitativa se analizó teniendo en cuenta las categorías de convivencia y seguridad ciudadana, y se contrastó con la información cuantitativa derivada del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO PLUS) correspondiente a los delitos de homicidio, lesiones personales y extorsión, con sus respectivas modalidades a fecha 16 de junio del 2015, tomando anualidades comprendidas entre el 2005 y el 2013; las estadísticas se calcularon por tasa de 100.000 habitantes, con base en proyecciones anuales derivadas del censo poblacional del Departamento Nacional de Estadística (DANE) del 2005, con las cuales se realizaron análisis descriptivos y correlaciones entre los citados delitos.
De otra parte, se analizó el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)2 municipales, departamentales y nacionales del DANE; al igual que los siguientes indicadores seleccionados: miseria (establece aquellos hogares que tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas), inasistencia escolar (mide la satisfacción de necesidades educativas mínimas para la población infantil, considera las viviendas con por lo menos un niño con edad entre 6 y 12 años, pariente del jefe y que no asista a un centro de educación formal) (DANE, 2015).
Resultados
Los 129 funcionarios entrevistados aportaron información relacionada con el conocimiento, inconvenientes y problemáticas generadas por la explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, así:
Convivencia y seguridad ciudadana
Las autoridades expresaron que donde se llevan a cabo actividades de minería ilícita se presentan altos índices de criminalidad y contravenciones en contra de la convivencia y seguridad ciudadana; entre lo manifestado se encuentra lo siguiente:
Un funcionario de la Alcaldía de Remedios (Antioquia) manifestó que desde que las bandas criminales decidieron incursionar en el delito de minería ilícita se incrementaron los hechos de extorsión, homicidio, hurto y lesiones personales, y las modalidades de riña y agresiones; igualmente, se agudizó el consumo de bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas, al igual que el desarrollo de la prostitución.
Un determinante para el incremento de las contravenciones y la criminalidad es el acelerado aumento de población foránea, que propicia la delincuencia al ejercer o beneficiarse de actividades como la prostitución y el tráfico de estupefacientes: "está llegando mucha persona extraña al municipio, mucha persona foránea; es un cambio de cultura"...; "aquí lo que se presentan más que todo son riñas" (funcionario de la Estación de Policía de Vetas).
La mayoría de municipios mineros conservan tendencia elevada y sostenida de contravenciones y criminalidad: "Antes de que empezara, había mucho homicidio... posteriormente continuó el homicidio y lesiones personales en menores cantidades, pero se incrementó el hurto, secuestro y riñas en disputa por oro, con intento de homicidio" (funcionario de la Estación de Policía de Suárez).
Lo manifestado por las autoridades se contrastó con el siguiente análisis estadístico:
Homicidio
En los municipios auríferos analizados para el período comprendido entre el 2005 y el 2013, el homicidio presentó tasas promedio superiores (68 por cada 100.000 habitantes) a la tasa nacional (35 por cada 100.000 habitantes); es decir, la tasa promedio de homicidios en los municipios auríferos fue superior al 94%, con respecto a la tasa nacional. La tasa de homicidios en municipios no auríferos estuvo siempre por debajo de la tasa promedio nacional (Romero et al. 2014) (vid. gráfica 1).
Homicidio municipios auríferos
Entre el 2005 y el 2013 el índice anual de homicidios en municipios auríferos estuvo muy por encima del índice nacional. La mayoría tuvieron una puntuación típica3 normal, es decir, se situaron entre ± 1, lo que significa que los datos se agrupan alrededor de la media (68), lo que indica la homogeneidad en las altas tasas de homicidios es características en gran cantidad de municipios auríferos; sin embargo, la mayoría de los municipios de los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Antioquia presentaron puntuación típica por encima de uno, lo que significa que son los municipios auríferos donde se presentan las más altas tasas de homicidio. Los años 2006 y 2012 se caracterizaron por presentar altas tasas de homicidio (vid. gráfica 2).
En el 2006 los municipios con más homicidios por cada 100.000 habitantes fueron: Cumbitara (153), La Llanada (139) y Barbacoas (116) (Nariño); Buenaventura (121) y Tuluá (113) (Valle del Cauca); Anserma (152) (Caldas), y por último los municipios de Patía (137) y Caloto (115) (Cauca), que contrastan con la tasa de homicidios de Colombia, que ascendió a 37 en el citado año (vid. gráfica 2).
En el 2012 los municipios con más homicidios fueron: Remedios (486), seguido de Segovia (388) (Antioquia) y Caloto (165) (Cauca), y Tuluá (102) (Valle del Cauca), que superan ampliamente la tasa nacional para el año indicado, que ascendió a 34, al igual que la reportada para América Latina (23) y la mundial (6,2) (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2013) (vid. gráfica 2).
Homicidio por modalidad en municipios auríferos
El sicariato fue la modalidad que presentó el mayor promedio de casos (456), equivalente a 38 % del total de modalidades, con un incremento alto y sostenido desde el año 2009, que alcanzó niveles de 63 y 57 % en los años 2011 y 2012 (Romero et al. 2014).
Las modalidades de agresión y riña aportaron un promedio de 45 % (535 casos), distribuidos en 29 % (343) correspondientes a la modalidad de agresión y 16 % (192) relacionados con riñas; el 6 % (74) se refiere a atacados por GAOML, y las demás modalidades no se consideran significativas, porque el promedio individual no supera el 6 %.
Lesiones personales
Las tasas de lesiones personales en los municipios mineros estudiados revelan un comportamiento elevado, sostenido y cíclico, que supera en la mayoría de años las tasas nacionales (vid. gráfica 3).
Las tasas de lesiones personales en municipios no auríferos, en la mayoría de años, superan las tasas de municipios auríferos (vid. gráfica 3).
Lesiones personales municipios auríferos
En los últimos seis años el delito de lesiones personales en municipios auríferos mostró una tendencia cíclica creciente heterogénea, en la mayoría por debajo de la curva de municipios no auríferos, superándola únicamente en el año 2012 (vid. gráfica 3).
En el año 2012 el delito de lesiones personales en municipios auríferos supera en cuatro casos a los municipios no auríferos. Contribuyen a las elevadas tasas de lesiones personales los municipios de Tadó (562), Condoto (332) e Istmina (306) (Chocó), Caloto (490) (Cauca) y Chaparral (438) (Tolima), muy superiores a la tasa nacional, que ascendió a 170.
Lesiones personales municipios no auríferos
El delito de lesiones personales en municipios no auríferos presentó una tendencia cíclica creciente desde el 2005 hasta el 2013, con amplitud en los primeros cinco años (vid. gráfica 3).
El delito observó valores superiores durante el período 2007-2011 y el año 2013, con respecto a los municipios auríferos (vid. gráfica 3).
Los municipios de Socotá, Tasco, Ventaquemada (Boyacá) y Garzón (Huila) se caracterizaron por presentar puntuaciones atípicas en algunos años de estudio (vid. gráfica 4).
Lesiones personales por modalidad, municipios no auríferos
La riña, 130 casos (56 %), fue la modalidad de lesiones personales que presentó mayor frecuencia promedio, seguida de agresión, con 84 casos (37 %); las demás modalidades no se consideran representativas por sus bajos niveles promedio (por debajo del 4 %), que agrupadas ascienden al 7 %.
Minería y extorsión
Los GAOML obtienen recursos financieros derivados del desarrollo directo o indirecto de actividades mineras ilícitas, como lo manifestaron algunos de los entrevistados, así:
(...) grupos ilícitos, ellos al ejercer esa injerencia delictiva a través de la extorsión y la amenaza a esas personas prácticamente promueven que la explotación se siga dando. Si una persona que está dedicada a la explotación minera formal o no formal está siendo presionada en su lugar de trabajo para dar pagos obligados de dinero, pues él te obliga a seguir trabajando y explotando más, porque necesita compensar esa pérdida y por lo general las personas que han iniciado o están en ese trabajo son ciudadanos que viven con muchos compromisos económicos (funcionario de la Alcaldía de Quibdó).
Un funcionario de la Alcaldía de Remedios y de la Asamblea de Mineros de Antioquia comentó que los GAOML extorsionan a mineros legales y a quienes desarrollan la actividad minera en forma ilícita, a pesar del control ejercido por la Policía Nacional.
Desde el punto de vista estadístico, el delito de extorsión en municipios mineros entre los años 2005 y 2010 presentó distribución normal alrededor de la tasa nacional; en el lapso 2011-2013 se presentan algunos incrementos; en el 2013 hubo cinco casos más en municipios auríferos con respecto a la tasa nacional (vid. gráfica 5).
Extorsión por modalidad
La llamada a celular (60 % correspondiente a 57 casos anuales en promedio), es la modalidad de extorsión más frecuente, seguida de la denominada directa (16 %, equivalente a 15), otros (17 %, que aglutina las modalidades con participación menor del 5 %) y mixta (7 %, correspondiente a 6).
Extorsión municipios auríferos
El delito de extorsión para el año 2013 amerita análisis, en razón de la marcada diferencia entre la tasa de municipios auríferos con respecto a la tasa nacional, que a pesar de las altas tasas en municipios como Chaparral (49) (Tolima), Segovia (43) (Antioquia), Istmina (36) (Chocó) y Patía (31) (Cauca), Mariquita (30) y Ataco (27) (Tolima), y El Bagre (27) (Antioquia), se compensan con tasas nulas de varios municipios, para arrojar una tasa de 15, que difiere en cinco casos con respecto a la tasa nacional.
El delito de extorsión en relación con la muestra seleccionada se caracteriza por presentar en su mayoría tasas iguales o ligeramente superiores a la tasa nacional. Dentro de la muestra se observa alta dispersión de los datos en los municipios auríferos.
Correlaciones entre los delitos de homicidio, lesiones personales y extorsión
Para el período analizado existió una correlación significativa entre la tasa de extorsión y la de homicidios, de 11 % (al 0,05 de significancia bilateral [sb]); es decir, el delito de extorsión explica en 11 % el delito de homicidio. La correlación entre la tasa de extorsión y la de lesiones fue de 21 % (al 0,01 de sb), lo que significa que el delito de lesiones personales es explicado en un 21 % por el delito de extorsión, que es de casi el doble con respecto a la correlación entre extorsión y homicidio (11 %) a un mayor nivel de sb (tabla 1).
Al realizar otras correlaciones se presentaron las siguientes:
En el año 2005 se evidenció una correlación de 45 % entre la tasa de lesiones personales y homicidio (al 0,01 de sb), es decir, el delito de lesiones personales explica en 45 % el delito de homicidio.
Los años 2008 y 2013 presentaron una correlación de 37 y 38 % entre la tasa de extorsión y la de homicidio (al 0,05 de sb).
Los municipios no auríferos tuvieron correlación de 36 % entre los delitos de lesiones personales y homicidio (al 0,01 de sb).
Los municipios auríferos presentaron correlación de 11 y 13 % entre los delitos de lesiones personales y extorsión con respecto al delito de homicidio (al 0,05 de sb), y de 23 % entre el delito de extorsión y lesiones personales (al 0,01 de sb); es decir, los delitos explican entre sí su ocurrencia, pero sobre todo los de extorsión y lesiones personales, que con una significancia más alta tienen una correlación en intensidad similar.
Antioquia presenta alta correlación entre el delito de lesiones personales y extorsión, 40 % (al 0,01 de sb). Se evidencia que a mayores índices de extorsión, mayores índices de lesiones. Igual tendencia presentaron los municipios mineros del departamento de Cauca, 32 % (al 0,01 de sb).
El departamento de Chocó presenta alta correlación entre los tres delitos; la correlación entre las tasas de extorsión y homicidio ascendió a 34 % (al 0,05 de sb), y entre extorsión y lesiones personales registró 43 % (al o,01 de sb).
Los municipios auríferos del departamento de Huila registraron alta correlación, 74 % (al 0,01 de sb), entre los delitos de lesiones personales y homicidios.
Minería ilícita y seguridad pública
Los municipios mineros presentan permanente incursión de GAOML, que generan afirmaciones como las siguientes:
(...) estos problemas los tenemos en la zona oriental de la ciudad, que para nadie es un secreto que tiene problemas de orden público; nosotros aquí tenemos los grupos armados, donde de alguna manera parece que, esto no lo podemos asegurar, pero hace parte de las investigaciones, y es que ellos de alguna manera protegen a estas personas que trabajan en minería ilícita, estamos hablando del sector de Cueva Loca, donde más problemas hemos tenido y ellos hacen explotación con cianuro y mercurio (...) Entonces dificultades te lo digo que son de orden público que tenemos aquí en la zona rural, en la zona alta (funcionario de la Alcaldía de Buga).
(...) Escuchamos que al parecer miembros de la mal llamada banda delincuencial la Empresa estuvieron en el sector y al parecer ahora andan en disputa con los Urabeños. La comunidad es muy callada, ellos saben quiénes están sacando el oro, pero es difícil que ellos den información (funcionario de la Alcaldía de Buenaventura).
Vetas es un corredor de los grupos al margen de la ley desde hace mucho tiempo, donde son gente que camina de noche (...) dicen que la gente se está viendo afectada otra vez por la guerrilla, yo no he visto, pero de que dicen, dicen (...) no sé cómo se pueda volver a entonar una violencia que se salga de las manos y terminemos dañándonos entre nosotros mismos, y esta gente entre y aproveche la situación (funcionario UMATA Santander).
(...) usted llegaba, había gente con fusil y uno sabía que no era la Policía ni el Ejército, era gente armada ilícita (funcionario de la Alcaldía de Caloto).
Más que todo en el sector rural están las Farc (funcionario de la Alcaldía de Patía).
Nosotros soportamos el año pasado en Timbiquí 23 hostigamientos, como los denominan las autoridades militares, y todos se generaron causados por esa situación (funcionario de la Alcaldía de Timbiquí).
(...) Entonces son cosas que en el país yo creo que esto, y como esta fórmula es tan fácil de obtener recursos, ¿y usted sabe quiénes son los que tienen recursos?, los poderosos, sí, pero también los que están en la lucha armada y en las cosas ilícitas de este país, ¡claro! (...) Las AUC, los subversivos, claro, porque es una manera más, que se van a poner a sembrar coca (...) hagámosle, echemos cianuro y saquemos, es una manera más fácil de fortalecer sus arcas, entonces eso es supremamente delicado y eso se crece y se crece y va a traer problemas a futuro muy graves (...) (funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente de Santander de Quilichao).
En el Valle del Cauca, algunas autoridades consideran que el desarrollo de actividades mineras per se es generador de delincuencia, agravado por el hecho de que las citadas actividades han favorecido la conformación de GAOML especializados en el aprovechamiento ilícito de la cadena productiva de la minería.
Minería y conflicto social
La mayoría de municipios mineros presentan problemática social, como lo evidencia el siguiente relato:
(...) alto consumo de bebidas embriagantes y alucinógenas, tráfico de armas ilícitas. También se presenta problemática social con las niñas de la región que en su mayoría son de campo quienes inicialmente viven con sus familias, posteriormente llega el minero, quien las enamora y se las lleva, tienen hijos y presentan problemas de violencia intrafamiliar... (funcionario de la Alcaldía de Ventaquemada).
Algunas autoridades consideran que la minería genera problemas sociales que trascienden la familia y el bienestar general:
(...) descomposición social, (...), la gente que explota, hace su plata y hay mucho más consumo de licor y por ende más problemas sociales (funcionario de la Alcaldía de Patía).
(...) duramos casi tres meses tratando de solucionar un conflicto minero social causado por cuatrocientas o quinientas personas, quienes bloquearon las vías y no dejaron subir a las autoridades al alto, donde quemaron unas minas y carros, bloqueando las vías (...) y es que la minería que se lleva a cabo cuenta con licencia ambiental de más de veinte años de antigüedad con el respectivo título minero, situación ante la cual uno queda cruzado de brazos, porque por un lado la sociedad le dice sáquelos porque nos van a dejar sin agua, deteriorando el municipio, pero por otro lado hay una reglamentación que dice que ellos están cumpliendo con las normas y aún no se ha solucionado hasta el momento (...) (funcionario de la Secretaría de Gobierno de Socotá).
La información relacionada con el conflicto social, aportada por los entrevistados, se contrastó con el siguiente análisis socioeconómico de los municipios objeto de estudio.
Análisis socioeconómico
El siguiente es el análisis del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas4 (NBI) para municipios mineros en relación con la proporción de personas en NBI, componente de personas en miseria e inasistencia escolar.
Proporción de personas en NBI
El 76 % de los municipios mineros están por encima del total nacional (27,78) (línea roja en la gráfica 6).
Los departamentos de Chocó (79,19 %), Cauca (46,62), Nariño (43,79), Huila (32,62), Boyacá (30,77) y Tolima (29,85) evidencian índices superiores al índice nacional de personas en NBI (Romero et al. 2014).
Los municipios de Istmina (88,08), Tadó (86,86), Cértegui (87,24) y Atrato (80,11) presentan los más altos índices de personas en NBI. Todos los municipios seleccionados de los departamentos de Chocó, Huila y Cauca superan el índice nacional (vid. gráfica 6).
Componente de personas en miseria
La mayoría de municipios mineros objeto de estudio están por encima del total nacional de proporción de personas en miseria (10,64) (línea roja en la gráfica7); los municipios de Buriticá (Antioquia), Ataco (Tolima), Socotá (Boyacá) y Timbiquí (Cauca) presentan índices de personas en miseria superiores a 36 (vid. gráfica 7) (Romero et al. 2014).
Componente de inasistencia escolar
El 62 % de los municipios mineros están por encima del total nacional (3,56) (línea roja en la gráfica 8), donde los municipios de Buriticá (Antioquia) y Timbiquí (Cauca) presentan índices superiores a 13 (vid. gráfica 8). La totalidad de los municipios mineros seleccionados de los departamentos de Huila y Chocó presentan índices de inasistencia escolar superiores al índice nacional.
Discusión de resultados y conclusiones
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) indica que el desarrollo es uno de los vínculos que más se relaciona con el homicidio, en razón a que tasas elevadas de homicidio se asocian con bajo desarrollo humano y económico, lo cual se explica porque la mayor proporción de homicidios se producen en países con pobres niveles de desarrollo humano, mientras que en los países con grandes desigualdades de ingresos las tasas de homicidio casi cuadriplican a las tasas de sociedades más equitativas (UNODC, 2011).
En concordancia con las premisas de UNODC (2011) y con el índice de NBI de municipios auríferos, la tasa promedio de homicidios (64 por cada 100.000 habitantes) fue superior en 83 % con respecto a la tasa nacional (35), donde la modalidad de homicidio más representativa fue el sicariato (38 %), con guarismos de 63 y 60 % en los años 2011 y 2012.
El delito de lesiones personales tuvo un comportamiento creciente y sostenido, que en la mayoría supera con amplitud la tasa promedio nacional; el promedio del delito en los municipios no auríferos fue de 176, y de municipios auríferos de 147, que superaron en 49 y 25 %, respectivamente, la tasa promedio nacional (118).
Las modalidades de lesiones personales que más se presentaron en ambos grupos fueron la riña, seguida de la agresión; en los municipios no auríferos fue de 56,66 % (130 casos, riña) y 36,61 % (84 casos, agresión), y en los auríferos, de 55,69 % (1.484 casos, riña) y 23,01% (613 casos, agresión).
La correlación entre el delito de extorsión y lesiones personales en los municipios mineros objeto de estudio fue de 21 %, y la correlación entre extorsión y homicidios ascendió a 11 %, lo que significa que los citados delitos se explican en los índices señalados por el delito de extorsión, a pesar de la incongruencia entre lo manifestado por los entrevistados y las bajas tasas de denuncia del citado delito.
Antioquia y Cauca presentan alta correlación entre los delitos de extorsión y lesiones personales; el departamento de Chocó presentó elevada correlación entre los tres delitos.
La extorsión tiene alta incidencia en los delitos de homicidios y lesiones personales, y se considera elemento sustancial y fundamental en el accionar delictivo de los GAOML, que se lucran de las actividades mineras manteniendo su control mediante la fuerza, la intimidación y el terrorismo. Ante la debilidad del Estado, la extorsión se presenta como una práctica institucionalizada, por medio de la cual el tributo colectado por los GAOML se compensa con protección física ante otros potenciales grupos delincuenciales o como barrera de contención contra el control estatal (Volkov, 2002).
Se ha argumentado que la extorsión es un delito de fácil comisión, porque no requiere de elevada inversión inicial, su gestión implica bajos costos y se lleva a cabo en territorios donde la protección del Estado no se considera adecuada o confiable; de otra parte, es una actividad de bajo riesgo, porque los mineros en general prefieren pagar una cuota en lugar de denunciar ante la Policía (Paoli, 2003).
Las víctimas de extorsión son en su mayoría mineros ilegales, quienes son vulnerables en razón a que su naturaleza ilegal les impide recibir protección oficial (Schelling, 1984), situación que explica el bajo nivel de denuncia; en estos casos se observan tendencias similares a la tasa nacional, contrario a lo expresado por las autoridades.
Por las correlaciones entre extorsión y lesiones personales (21 %), y extorsión y homicidio (11 %), pareciera que los GAOML, ante la negativa de las víctimas de pagar la extorsión, primero procedieran a hacer efectivo el cobro mediante agresión física, optando en segunda instancia por el homicidio en la modalidad de sicariato.
Los índices de criminalidad en los municipios mineros estudiados son el resultado de múltiples factores, entre los que se encuentran pobreza, marginalidad social, ausencia de presencia efectiva del Estado, incursión, participación e interferencia de GAOML en la cadena productiva de la minería, entre otros, que inciden para que se registren elevadas tasas de los delitos enunciados y, por ende, afecten la convivencia y seguridad ciudadana de las regiones donde se desarrollan actividades de minería ilícita.
Comprensión del delito: enfoque desde la Teoría Integradora del Delito
La comprensión del delito de minería ilícita y su incidencia en la convivencia y seguridad ciudadana subyace en el entorno familiar social y cultural en que se desenvuelven las poblaciones mineras, que tienen características propias y únicas que las diferencian de otros grupos humanos dedicados a actividades económicas diferentes.
En el caso de los municipios mineros (en especial auríferos), los individuos que desarrollan actividades de extracción minera pertenecen a posiciones socioeconómicas desfavorables, que los limitan para acceder a un desarrollo social y personal aceptable, y los etiqueta y aleja de la percepción de comunidad normalmente admisible, encasillándolos en una subcultura con unas características y patrones de conducta que los identifican.
La subcultura de los municipios mineros se caracteriza por mantener patrones de conducta de desprecio por la educación y el medioambiente, manifestaciones de violencia, pobreza, entre otros, que atentan contra el respeto y solidaridad de los conciudadanos. Esta subcultura se presenta como reacción negativa de comunidades desfavorecidas que se están desarrollando al margen de la cultura generalmente aceptada en Colombia, con el propósito de buscar alternativas de solución a la frustración que soportan al no poder acceder a las diferentes oportunidades brindadas a la sociedad (Orellana, 2012).
La subcultura de los municipios mineros, en especial auríferos, se identifica por desconocer las normas y la institucionalidad. La desobediencia al control formal (normas) se caracteriza por obediencia a otros valores o principios establecidos por la comunidad y los GAOML; e. g., desarrollan actividades de minería ilícita sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado, lo cual deteriora las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana al atentar contra el ambiente y la salud personal y colectiva.
Los transgresores justifican la violación de la norma en función del beneficio personal o de la asociación a la que pertenecen; los mineros argumentan el derecho a extraer las riquezas del subsuelo, porque, según ellos, prima la necesidad de subsistir. De otra parte, los GAOML imponen "rentas" por "permitir el acceso a áreas de explotación minera", gramaje, utilización de maquinaría y transporte, entre otros, por creerse la "autoridad imperante en la región", que regula la mayoría de las actividades de los habitantes. Cualquiera que considere tener el poder suficiente se abroga el derecho de establecer su nicho de explotación económica, aun en desmedro del bienestar de la comunidad y el medioambiente.
La cultura en la que viven los mineros se constituye en la expresión de otros sistemas normativos, que pretenden brindar salida a la frustración que tienen que soportar por no poder participar y beneficiarse de los sistemas productivos normalmente aceptados por la comunidad (García-Pablos, 2007), motivo por el cual, justifican la realización de las actividades argumentando falta de oportunidades y reclamando el derecho a desarrollar procedimientos de minería ilícita, con el pretexto de ser lo único que saben hacer y porque la norma avala la realización de trabajos de minería informal, a pesar de conocer los efectos en el ambiente y la salud personal y pública.
Los individuos al estar inmersos en la subcultura de la minería ilícita, soportan tensiones propias de una sociedad incompleta y desorganizada, que los impele a adentrarse desde temprana edad en procesos propios de la citada actividad, lo cual se constituye en campo fértil para el aprendizaje de conductas desviadas. Llama la atención la naturalidad con que las personas entrevistadas se refieren a acciones relacionadas con alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución, riñas, lesiones personales, homicidios, extorsiones, además de trabajo infantil y femenino sin sujeción a lo estipulado en el Código Laboral, entre otros.
El anterior panorama se agrava en la medida que se descubren y explotan áreas con riqueza minera, porque en Colombia existe una subcultura migrante de personas, integrada por individuos de diferentes regiones del país, quienes consideran que la minería ilícita es una de las mejores fuentes de subsistencia.
Esta subcultura se caracteriza por mantener un férreo proceso de aprendizaje social, determinado por el quehacer diario del individuo en las minas, quien desde niño aprende por imitación y observación los secretos para extraer las riquezas minerales, además de acostumbrarse a vivir en familias disfuncionales y en una sociedad que tolera acciones que transgreden la convivencia y seguridad ciudadana.
El comportamiento desviado en la cultura minera ilícita es aprendido como resultado de la interacción con los demás miembros de la sociedad, motivo por el cual, el individuo actúa en concordancia con las reacciones o respuestas que su conducta recibe de su entorno, lo que significa que en una sociedad carente de valores, la transgresión y la identidad con la misma acarrean estímulos que refuerzan el proceso de aprendizaje.
Considerando que la actividad minería ilícita implica actividades conexas no lícitas, cada una de ellas involucra un proceso sistemático y escalonado de aprendizaje, que incluye técnicas, control de impulsos y autorracionalización de la conducta. El proceso de minería ilícita y delitos conexos involucra escuelas informales de aprendizaje de las técnicas que permiten el perfeccionamiento de la actividad, con la consecuente concienciación del "beneficio" que genera el desarrollo de las citadas actividades.
De otra parte, los individuos son más propensos a ejecutar conductas desviadas (violaciones y transgresiones a la norma) cuando carecen de patrones efectivos de crianza que les permitan mantener niveles de autocontrol, los cuales son adquiridos por pertenecer a instituciones como la familia, la escuela, la sociedad, entre otros.
La responsabilidad del control del crimen recaería en los padres o adultos, con amplia incidencia en las primeras etapas de vida del ser humano, situación que para el caso objeto de estudio plantea un panorama no muy alentador, por cuanto las actividades de minería ilícita y delitos conexos se desarrollan en un ambiente de descomposición y disfunción familiar y social.
Los ambientes de municipios donde se practica la minería ilícita se caracterizan por ostentar bajas condiciones de adhesión entre el individuo, la familia y la comunidad. Los índices de NBI evidencian elevados niveles de pobreza que dificultan la realización de procesos de apego a valores inculcados en la familia y la escuela; es más, de acuerdo con lo expresado por los entrevistados, se carece de un entramado social, político y cultural que genere valores y cohesión en los núcleos familiares, sociales, la escuela y la sociedad.
La mayoría de familias violan el derecho que tienen los menores a la educación, agravado por la obligación que les asiste de efectuar trabajos para los cuales no están capacitados laboral, física y emocionalmente.
De acuerdo con lo anterior, los municipios mineros, en su mayoría auríferos, generan condiciones propicias para que los índices de NBI y tasas de los delitos de homicidio y lesiones personales superen las tasas departamentales y nacionales.
Otro elemento fundamental para el control del crimen es el compromiso con el desarrollo sostenido de actividades que a futuro redimen rendimientos positivos, que se colocan en riesgo por comportamientos delincuenciales; una de ellas es el desarrollo de procesos académicos duraderos en el tiempo (primaria y secundaria), realidad que estaría desvirtuada en razón a los altos niveles de inasistencia escolar, que en municipios mineros asciende al 59 %, muy superior al índice nacional.
La proporción de personas en inasistencia escolar es elevada, como lo corroboró un estudio de minería de oro realizado en el municipio de Condoto (Chocó), que determinó que la inasistencia escolar es muy alta, y el segmento entre 14 y 17 años fue el más elevado (68 % de la muestra seleccionada) (Organización Internacional del Trabajo, 2001). Entre las razones de inasistencia escolar argumentadas por los niños, niñas y adolescentes (NNA) estaban la de falta de dinero de los padres, la obligación de trabajar o buscar un trabajo y realizar oficios caseros (OIT, 2001).
En los municipios mineros no se estaría fomentando la cultura del compromiso porque se vive el día a día, donde la responsabilidad económica de los hogares recae en su mayoría en mujeres y NNA, desde este punto de vista, se estaría contribuyendo al desarrollo de conductas desviadas, por cuanto se desvirtúa el compromiso con el futuro personal.
Por lo general, el envolvimiento en actividades sociales convencionalmente aprobadas se constituye en elemento determinante en el control del delito, pero en el caso de poblaciones en los alrededores de los enclaves mineros, el nivel de envolvimiento positivo es mínimo; por el contrario, los habitantes, en especial los NNA, realizan sus actividades diarias dentro del marco de la ilegalidad; es decir, se encuentran inmersos negativamente en actividades socialmente aprobadas, que los aliena y les impide adquirir destrezas y competencias que les faciliten la inserción futura en un mundo laboral, situación que los adentra en una espiral de pobreza y marginalidad.
La violencia en municipios mineros, en especial auríferos, halla su génesis en la convergencia de múltiples factores, entre los cuales se encuentran privación de satisfacción de las necesidades humanas básicas; en este sentido, adquiere significado el análisis socioeconómico fundamentado en el estudio de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
El 76,19 % de hogares de municipios mineros tiene una proporción de personas con NBI superior al índice nacional, 27,78 %, y la gran mayoría están por encima del índice departamental, lo que significa que el 76,19 % de los hogares de los municipios objeto de estudio tienen por lo menos una NBI sin resolver; e. g., la mayoría de los hogares habitan en construcciones subnormales, que carecen de algún servicio público básico, y conviven en condiciones de hacinamiento, pobreza o miseria. En este sentido, el 62 % de los hogares de los municipios mineros tienen una proporción de personas en situación de pobreza por encima del índice nacional, de 10,64 %.
Como resultado de la violencia y la pobreza se genera alienación, que consiste en la privación de necesidades superiores (desarrollo personal y de habilidades profesionales y laborales que les permitan desenvolverse en un mundo globalizado); esto los empuja a mantenerse al margen de los procesos sociales, educativos, culturales, económicos y laborales, de modo que se acentúa la pobreza, que los victimiza y no les permite visualizar niveles superiores de desarrollo individual y colectivo.
De otra parte, la maldición de los recursos en zonas de explotación minera es evidente, porque a pesar de la intensa explotación de estos, las comunidades locales, regionales y nacionales no se benefician en debida forma de los rendimientos que generan. Los índices de NBI evidencian la acentuación y profundización del subdesarrollo, caracterizado porque no existen instituciones fuertes que planifiquen, controlen y regulen la actividad de explotación minera; al no haber institucionalidad minera y fiscal, el Estado no percibe rentas que puedan ser invertidas en desarrollo económico y social; por el contrario, los GAOML, aprovechando el vacío institucional, se lucran en las diferentes etapas del proceso de producción de minería.
La pobreza perpetúa las disfunciones previstas en la teoría de la maldición de los recursos, porque para los GAOML, la precaria institucionalidad les facilita su accionar en la cadena del delito de minería ilícita, al encontrar incentivos en la explotación de recursos minerales (oro) fáciles de intervenir en cualquiera de sus fases de producción o comercialización. El oro es un commodity de fácil saqueo y de libre comercialización en Colombia, que es explotado en zonas lejanas de los centros administrativos (lejanía fundamentada en la dificultad de acceso), situación que es aprovechada por los GAOML para imponer su régimen de violencia.
Los municipios auríferos que cuentan con amplia presencia de GAOML tienen elevada correlación entre los delitos de lesiones personales con respecto al de homicidio, y entre el delito de extorsión y lesiones personales, lo que significa que existe relación entre explotación ilícita de oro, presencia de GAOML (Rettberg & Ortiz, 2014) y la ocurrencia de delitos de homicidio, lesiones personales y extorsión, que acentúan el conflicto interno que se vive en las regiones donde se presenta el fenómeno de minería ilícita.
La maldición y la guerra de recursos es evidente, porque ante un recurso (oro) que puede generar desarrollo, se presentan los más elevados índices de pobreza; esta situación la utilizan los GAOML para deteriorar la institucionalidad y desmejorar los bienes constitucionales de convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Lo paradójico es que la debilidad institucional facilita el accionar delictivo de los GAOML, al permitirles obtener rentas que los fortalecen ante la acción de las autoridades.
Recomendaciones
La solución al problema de la minería ilícita y los delitos conexos encierra una dificultad mayúscula, por cuanto tiene múltiples aristas que lo complejizan; igual sucede con un sinnúmero de víctimas y victimarios, quienes reclaman creatividad y unión de esfuerzos para enfrentarlo en debida forma.
El combate de la minería ilícita no solo requiere de la implementación de estrategias tendientes a controlar sus manifestaciones y consecuencias (operativos de desmantelamiento de enclaves mineros ilegales y control de maquinaria amarilla y elementos químicos utilizados en su extracción y proceso, entre otros), sino que se hace necesario el diseño y aplicación de política pública tendiente a erradicar el problema atacando las causas que lo generan.
En un comienzo la política pública debe estar orientada a reformar el Código Minero, el cual debería consultar los intereses locales, regionales, departamentales y nacionales, teniendo como marco de referencia el ambiente y el desarrollo sostenible de la actividad.
La reforma del código indefectiblemente debe contemplar el fortalecimiento de la institucionalidad minera, mediante el empoderamiento de las entidades involucradas en la regulación y control de la actividad minera (las instituciones del Estado), que necesariamente implica la presencia permanente y efectiva de las entidades en pro de facilitar el desarrollo minero, de acuerdo con la constitución y las leyes.
La transformación de la política minera debe estar respaldada por reformas económicas y sociales orientadas a promover desarrollo sostenible en los enclaves mineros y sus alrededores, con el fin de generar condiciones de mejoramiento social y económico, que desestimulen y hagan menos atractiva la actividad minera ilícita. Se requiere por parte del Estado de una fuerte inversión en infraestructura, que coadyuve al desarrollo económico de los enclaves mineros, con los consecuentes beneficios para la comunidad.
La política pública debe basarse en una amplia inversión social, fundamentada en estrategias que propendan por el desarrollo humano, con base en procesos de educación de calidad que trascienda los ámbitos familiar, social y laboral.
La política de educación debe ajustarse a la realidad regional y local de los estudiantes, porque los habitantes de zonas mineras tratan de hacer valer sus contextos, donde priman la fuerza y la resistencia física, desconfiando de los procesos educativos y de las aptitudes puramente intelectuales, que los llevan a ganar control situacional en contextos informales, porque en los formales, como el aula y el trabajo, están por completo subordinados (Gil, 2002).
Bajo el anterior precepto se logrará empoderar una sociedad solidaria y comprometida con el desarrollo integral local y regional, que facilitará el control social de las diferentes manifestaciones del delito de extracción ilícita de yacimientos mineros y otros delitos conexos, al igual que permitirá visualizar posibles estrategias sociales de combate efectivo de los GAOML, mediante la neutralización de uno de los más importantes circuitos económicos que los financian.
La realización de un trabajo mancomunado entre la comunidad y el Estado es fundamental para garantizar resultados positivos sostenibles en el tiempo, basados en el desarrollo individual y colectivo, que generen conciencia de protección del individuo, la comunidad y el medioambiente.
De otra parte, la política pública de convivencia y seguridad ciudadana debe cohesionar lo público con lo privado, mediante procesos basados en la educación, que deben estar orientados a la participación y la solidaridad; en este sentido, se deben impulsar programas y proyectos tendientes a fomentar la democracia en las organizaciones escolares, que trasciendan los diferentes ámbitos de la sociedad.
Teniendo en cuenta la correlación entre el delito de extorsión y los delitos de homicidios y lesiones personales, la función policial debe estar dirigida a combatir la extorsión en sus diferentes modalidades, la cual es realizada por GAOML. Lo anterior significa que una disminución en las tasas de extorsión se reflejará en menores tasas de homicidios y lesiones personales.
Finalmente, para la Policía Nacional el combate del delito de minería ilícita y delitos conexos plantea un desafío de grandes dimensiones, que requiere de articulación con las diferentes entidades del Estado a nivel nacional, regional y local, porque la sinergia institucional permitirá atacar el fenómeno en forma integral; de lo contrario, la Policía Nacional continuará contribuyendo con resultados que afectan la parte final de la cadena criminal, sin mayores repercusiones en las verdaderas causas y motivos que generan y dinamizan el átomo delictual de la minería ilícita y delitos conexos.
Notas
1 Los municipios fueron seleccionados con base en el Censo Minero del 2010, realizado por el Ministerio de Minas y Energía, los cuales estuvieron limitados en su escogencia por las dificultades de orden público que algunos municipios mineros ostentaban y que generaban riesgo en la seguridad de los encuestadores. La citada información fue actualizada por la Policía Nacional, y permitió depurar y seleccionar los municipios objeto de estudio que garantizaron condiciones de seguridad para que los investigadores ingresaran, permanecieran y recolectaran la información de interés.
2 Metodología creada por la CEPAL, utilizada por la mayoría de países latinoamericanos, incluido Colombia (DANE, 2015), la cual busca determinar el porcentaje de personas que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha; por lo tanto, los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, se clasifican como pobres. El análisis para los municipios mineros seleccionados se fundamentó en los resultados del Censo General 2005 relacionado con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), a 31 de diciembre del 2011.
3 Puntaje típico o estándar, T = X-X / S. Donde: X corresponde al valor que adopta cada delito por año, X equivale a la media aritmética de delito por año y S es la desviación típica.
4 Cumbitara (Nariño) no se considera para los análisis, por cuanto tiene NBI correspondiente a 100 %, debido a la imposibilidad de obtener información por motivos de orden público.
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