Un estudio DELPHI de la sociedad y la seguridad pública colombiana del posconflicto: una visión de futuro al 2032
A DELPHI study of Colombian post-conflict society and public security: a vision of the future through 2032
Um estudo DELPHI da sociedade e a segurança pública colombiana do pós-conflito: uma visão do futuro ao 2032
Luz ángela Acero Pongutá*
*Magíster en Dirección y Gestión del Talento Humano. Subintendente de la Policía Nacional de Colombia. Investigadora en ciencia, tecnología e innovación, Centro de Inteligencia Prospectiva, Dirección de Inteligencia Policial, Policía Nacional Bogotá, D. C., Colombia. luz.acero@correo.policia.gov.co
Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Acero, L. A. (2015). Un estudio DELPHI de la sociedad y la seguridad pública colombiana del posconflicto: una visión de futuro al 2032. Revista Criminalidad, 57 (2): 267-285.
Fecha de recepción: 2015/03/26 Fecha concepto evaluación: 2015/06/08 Fecha de aprobación: 2015/07/02
Resumen
El objetivo es dar a conocer los hechos portadores de futuro que explicarán el futuro social y de seguridad pública de Colombia en los próximos años, así como la carta de navegación que guiará los cambios organizacionales y funcionales de la Policía Nacional, orientados a responder de manera integral y adecuada ante la diversidad de exigencias que emergerán de nuevos órdenes sociales, criminales, de conflicto social y medioambientales; además, se explicarán de manera detallada las proyecciones que se obtuvieron de la aplicación de talleres de expertos, eje fundamental de la metodología DELPHI para la identificación de hechos portadores de futuro que pueden cambiar el curso normal de los acontecimientos que circunscribirán el posconflicto colombiano; en este sentido, se hará explícita la configuración del comunitarismo como la característica principal de la sociedad del futuro y de aquellos componentes de seguridad pública que pueden entorpecer o facilitar su desarrollo.
Palabras clave: conflicto social, criminología, delito ecológico, policía, tendencias del delito (fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).
Abstract
The objective is disclosing facts that hold a key to the future and may serve to interpret Colombian social and public security coming years, as well as the navigation chart designed to guide the National Police organizational and functional changes oriented toward their integral and proper response in the face of a diversity of requirements arising from new social, criminal, environmental and social conflict-related orders. In addition, a detailed explanation is included concerning the projections obtained from the application of expert workshops, a fundamental axis of the prestigious DELPHI methodology for the identification of facts deemed to be future carriers likely to change the normal course of events confined to the Colombian post-conflict period. In this sense, the configuration of communitarianism shall become explicit as the main feature in the society of the future, as well as those public security components that may either hinder or facilitate its development.
Key words: Social conflict, criminology, ecological crime, police, trends in crime (Source: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).
Resumo
O objetivo é apresentar os fatos portadores de futuro que explicarão o futuro social e da segurança pública da Colômbia nos próximos anos, assim como a carta de navegação que guiará as mudanças organizacionais e funcionais da Polícia Nacional, orientados para responder de maneira integral e apropriada perante a diversidade de exigências que emergirão dos novos ordens sociais, criminais, de conflito social e médio ambientais; além, as projeções que foram obtidas da aplicação dos workshops de peritos serão explicadas da maneira detalhada, eixo fundamental da metodologia DELPHI para a identificação dos fatos portadores de futuro que podem mudar o curso normal dos eventos que circunscreverão o pós-conflito colombiano; neste sentido, a configuração do comunitarismo como a característica básica da sociedade do futuro e daqueles componentes da segurança pública que podem obstruir ou facilitar seu desenvolvimento será explícita.
Palavras-chave: Conflito social, criminologia, crime ecológico, polícia, tendências do crime (fonte: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).
Introducción
Frente a los retos que se derivarán en un futuro próximo en materia social y de seguridad pública en Colombia, producto de los cambios en la agenda de seguridad actual, es posible advertir que el país hará frente a la re-configuración y emergencia de una gran variedad de manifestaciones criminales, de conflicto social y medioambientales, que darán lugar a un giro sustancial al estilo de vida de los colombianos del futuro.
Así, el presente artículo tiene como finalidad estimular una reflexión sobre el devenir colombiano, explorando diferentes contextos y el campo de acción de una institución como la Policía Nacional, frente a la proyección de hechos portadores de futuro emergentes y ya existentes relacionados con los matices sociales y de seguridad pública que se desarrollarán en el territorio, los cuales deberán ser monitoreados desde el ahora para el conocimiento de las condiciones que los impulsan y los posibles efectos que se derivarán de su interacción.
De cara a este panorama, el primer apartado de este artículo contempla el estado del arte que da líneas orientadoras sobre la comprensión del posconflicto a nivel nacional e internacional, y su relación con la construcción de paz; consecuente con esto, el segundo describe la metodología que orientó el desarrollo del ejercicio prospectivo, así como los resultados obtenidos desde una posición cuali-cuantitativa proyectados al 2032, para determinar, por bloques de cuatro años, los hechos portadores de futuro que se configurarán con mayor incidencia en el aspecto social y de seguridad pública colombiana.
Y finalmente, el tercer apartado establecerá, en líneas generales, las posibles propuestas de transformación organizacional y funcional que pueden hacer aún más efectiva a la Policía Nacional frente a las nuevas demandas de seguridad pública que se originarán en el posconflicto.
El posconflicto y la construcción de paz en la esfera internacional
A la luz de la situación actual de seguridad y lo que el tránsito hacia una fase de posconflicto podría implicar en este momento para Colombia, es necesario conocer, desde las prácticas internacionales, aquellas consecuencias que se han derivado de su implementación en países tanto centroamericanos como africanos, y la forma como han impactado las agendas de seguridad pública de cada uno de ellos. En este sentido, las experiencias de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y la República Centroafricana pueden ser tomadas como punto de referencia para comprender cómo puede desarrollarse el posconflicto en el país, y lo que la institución policial deberá prever en términos de seguridad pública y su capacidad para hacer frente a las nuevas configuraciones que de ella se deriven.
Para empezar, desde la perspectiva centroamericana en Guatemala, este período de transición desbordó la capacidad del Estado para afrontar cada una de las situaciones socioeconómicas y de seguridad que se desprendían del posconflicto, y dio lugar a múltiples circunstancias que colocaron en tela de juicio la gobernabilidad del Estado y su efectividad en la búsqueda de la paz, entre ellas: la agudización de la violencia, criminalidad e impunidad derivada del accionar de las pandillas juveniles y el crimen organizado; el incremento de la brecha social que se estableció entre estamentos, al punto de influir de forma negativa en la calidad de vida de la población menos favorecida, y la confrontación entre partidos políticos (Vargas, 2014).
Por su parte, la experiencia de El Salvador en la adopción de nuevos raciocinios de afrontamiento del conflicto, que caracterizó al país durante años, y de lograr la obtención de un acuerdo de paz con intervención de organismos internacionales, como lo describe Moreno (2014) en su artículo "El Salvador: modificar la estructura de seguridad para favorecer las garantías de una democracia", condujo a la reestructuración del Estado, de sus políticas, y en especial de la organización y funcionalidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en torno a esta nueva condición; no obstante, estos cambios tuvieron un efecto inesperado, que llevaron al país a afrontar un aumento de la inseguridad derivada de la inequidad social, los cuales dieron lugar al declive de los programas de tierras, el déficit fiscal y la falta de inversión, que se tradujo en subutilización laboral, así como los resultados del fallido proceso de resocialización de exintegrantes de grupos subversivos que contribuyeron a su reacomodamiento bajo otras lógicas criminales.
Por otra parte, de la experiencia posconflicto de Nicaragua se puede establecer que el resultado de un proceso de paz sin la claridad en las pautas establecidas para la dejación de armas y sin contar con el andamiaje económico, político y social para la reinserción de los desmovilizados, así como la indemnización de las víctimas, deja entrever un impacto negativo en las condiciones de seguridad pública del país; situación que se evidenció en la reorganización de unos 22.000 excontras y soldados del ejército sandinista, que se rearmaron en un lapso menor de un año, no como una fuerza de oposición organizada, sino como milicias desorganizadas con objetivos diferentes, debido a la debilidad del proceso de paz en aspectos antes mencionados (Penilla, 2014).
Y finalmente, para el caso de la República Centroafricana, como lo refiere Ramírez (2014), la inestabilidad política y los intentos fallidos para consolidar la paz, por el problema que presentó el gobierno para responder a los acuerdos pactados con los grupos subversivos, debido a la dificultad para soportar los cambios económicos y sociales relacionados con mejores condiciones de calidad de vida de los ciudadanos, dieron lugar al reacomodamiento de los grupos desmovilizados en contra del Estado.
En este orden de ideas, se puede deducir que al enfrentar un período de posconflicto sin la infraestructura económica, política y de seguridad necesaria, además de laxitud legislativa y frágiles mecanismos de resocialización, es muy probable que crisis que estaban latentes durante el conflicto se agudicen y se conviertan en el factor que apalanque el reacomodamiento de grupos subversivos bajo el efecto diáspora, que, como lo establece Garzón (2013), consiste en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales, caracterizada por la emergencia de nuevas generaciones de delincuentes que rompen la disciplina mantenida por las estructuras tradicionales y que dan lugar a la emergencia de nuevas problemáticas, derivadas de la evolución de la criminalidad, de los rezagos del conflicto y de las nuevas formas de violencia.
El posconflicto en Colombia y la construcción de paz
Ahondar sobre el significado del posconflicto implica encontrar puntos de convergencia entre las diferentes posturas existentes a nivel mundial, que permitan extrapolar el concepto que más se adecue a la realidad colombiana y que den a conocer con profundidad su dinámica, poniendo énfasis en ¿a qué se refiere?, ¿en qué momento aparece? y ¿con quién se da?
En este sentido, a continuación se presenta el resultado de un mentefacto conceptual realizado por Villamizar (2014) sobre las diversas posturas académicas que giran en torno al concepto.
De esta manera, para Vargas (2003), Pérez (2011) y Cárdenas (2003) el concepto puede limitarse al período de tiempo comprendido entre el momento de inalterabilidad en los procesos de negociación y los comicios dirigidos a la reivindicación de los acuerdos pactados en la negociación, lo cual puede adoptar una connotación reduccionista al solo referirse a una sola fase de todo el andamiaje que representa el desarrollo del concepto, como lo demuestran las experiencias internacionales antes descritas; no obstante, desde la postura de autores como Garzón, Parra & Pineda (2003), el posconflicto abarca un período de tiempo más amplio, que comienza con la eliminación total o parcial de la violencia, e incluye procesos profundos de construcción de paz, que pueden entenderse como la debida planeación sistémica en torno al afrontamiento de la necesidades económicas, políticas y sociales que permitan la perdurabilidad en el tiempo de esta condición generada entre los actores partícipes del conflicto.
Por su parte, Galtung (citado en Calderón, 2009) argumenta que el conflicto tiene su propio ciclo de vida, como cualquier organismo vivo; aparece, crece hasta llegar a su punto de máxima tensión, declina y desaparece, y a menudo reaparece. En este sentido puede ser interpretado como un círculo virtuoso, que se desarrolla a través de un proceso sistemático de eventos, el cual al ser estudiado puede soportar una mejor preparación de los actores que intervienen en relación con las manifestaciones positivas y negativas que se derivan de su implementación.
Frente a lo anterior, se pueden definir tres fases dentro del conflicto que se suceden una después de la otra, y que corresponden a los cambios producidos en la aparición y tipicidad de la violencia. Para el autor, el conflicto se divide en el antes, durante y después de la violencia, y es el escalonamiento o desescalonamiento de la violencia lo que determina cuándo se está transitando de una fase a otra (vid. figura 1).
En este orden de ideas, la fase después del conflicto propuesta por Galtung (citado en Calderón, 2009) podría hacer referencia al período del posconflicto que se avecina en Colombia, producto de las mesas de negociación entre el Gobierno y las FARC en la actualidad, y para este artículo se entenderá como el tiempo dentro de las situaciones de conflicto, cuando se llegará a una superación total o parcial de las diferentes manifestaciones de violencia en Colombia, entre ellas la armada, producto del mismo, y la sostenibilidad de la construcción de la paz mediante procesos de reconstrucción y reconciliación.
La construcción de paz y su relación con el posconflicto
Luego de revisar en general la forma como se puede interpretar la fase de posconflicto en Colombia, es necesario conocer su relación con la construcción de paz; de esta manera, se puede entender este como un proceso dinámico, en el que los individuos dentro de la sociedad -así como la sociedad en su conjunto- fortalecen su capacidad para crear seguridad y un desarrollo sostenible (Instituto Colombiano de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria, 2014).
En este sentido, la construcción de paz desde la postura de Rettberg (2003) puede brindar mayor claridad sobre su relación con el posconflicto y la forma como puede desarrollarse el concepto en Colombia desde tres visiones, como la minimalista, maximalista e intermedia.
A la luz de estos argumentos, en la visión minimalista la paz puede ser considerada como un concepto limitado a la ausencia de guerra y, por tanto, propone la necesidad de diferenciar entre las agendas de paz y las de desarrollo (Rettberg, 2003).
Aunado a esto, esta visión es apoyada por la postura de Berdal & Malone (citados por Rangel, 2010), quienes argumentan que la construcción de paz debe adecuarse primordialmente a un criterio de efectividad, esto es, a la consecución de resultados concretos de estrategias de reducción de los conflictos, como la eliminación de incentivos, tales como recursos naturales o narcotráfico, de los que se nutren quienes están interesados en mantener los conflictos.
Por otra parte, la visión maximalista de Rettberg (2003) se enfoca en la reproducción de cambios estructurales en los globos políticos, sociales y económicos, con el propósito de garantizar procesos de construcción social efectivos, e implica combatir la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a mecanismos de participación democrática, que producen la violencia estructural.
En torno a este mismo concepto, Rangel (2010) establece que una adecuada comprensión de la construcción de paz debe estar relacionada con enfrentar y dar solución a los problemas de fondo que aquejan a los Estados en conflicto, los cuales llevan, en últimas, a la confrontación armada, por lo que más que terminar con el conflicto, la construcción de paz debe estar enfocada en acometer grandes transformaciones en la estructura de los Estados, tales como reformas económicas y cambios en los marcos legales estatales (p. 17).
Por último, la visión intermedia "anidada" de Rettberg (2003) propone que cuando una sociedad se ha recuperado del daño físico causado en el transcurso del conflicto, ha aprendido a jugar con nuevas reglas políticas y económicas, y ha sanado sus heridas, individuales y colectivas, de tal manera que se empieza a forjar una expectativa generalizada acerca de la no exacerbación de las diferencias que generaron esta condición, para evitar así recaer en el conflicto violento entre las partes.
De acuerdo con lo anterior, la Fundación Ideas para la Paz (2014) considera que es posible evitar un deterioro mayor en las relaciones de la sociedad a partir del estrechamiento de las relaciones entre las instituciones del Estado y la sociedad colombiana, para apoyar esfuerzos posteriores de (re)construcción.
En consecuencia, el alcance conceptual de la construcción de paz adoptado para este artículo hará referencia a un proceso a corto, mediano y largo plazo, que requiere de acciones que se orienten a reducir las expresiones de violencia presentes en la recurrencia al conflicto.
Método
La construcción se realizó bajo los parámetros del método DELPHI1 o de consulta a expertos, el cual permitió la estructuración de consenso frente al tema objeto de estudio, consistente en identificar los sucesos que explicarán el escenario social y de seguridad pública de Colombia en el futuro desde cuatro focos: la sociedad del futuro, la criminalidad, el conflicto social y los delitos ecológicos en un horizonte de 17 años, tomando como punto de referencia la política de competitividad de Colombia proyectada al 2032, en la cual se busca que el país desarrolle estrategias de sustentabilidad que permitan solventar las necesidades socioeconómicas, políticas de infraestructura e innovación presentes en la actualidad, con el propósito de posicionar a Colombia como uno de los países con altos niveles de rentabilidad y productividad a nivel de Latinoamérica (Consejo Privado de Competitividad, 2009).
Aunado a esto y siguiendo los parámetros de confiabilidad de la metodología, los resultados obtenidos tuvieron un margen de error del 5 %, el cual se logró con el control de variables extrañas, como la presencia de fenómenos de dominancia, autoridad o afiliaciones interpersonales entre los expertos consultados. Asimismo, se llevó a cabo la interacción con retroalimentación controlada, para evitar entregar información no tratada a los expertos participantes de las circulaciones llevadas a cabo.
En relación con la muestra poblacional y siguiendo lo establecido por Barreiro & Albandoz (2001) en torno a estudios cualitativos, se llevó a cabo la aplicación de la técnica no probabilística de muestreo por grupos dados, lo que permitió obtener la percepción de una proporción representativa de poblaciones de la Policía Nacional y del sector académico frente a la dinámica de seguridad pública colombiana, donde primó su conocimiento en el tema, su experiencia en el afrontamiento de situaciones de inseguridad y su relación con el desarrollo organizacional y funcional de la Policía Nacional; de esta manera, la muestra estuvo representada por 48 expertos, entre los que se encuentran: ocho funcionarios de inteligencia policial con conocimiento en la temática; diez representantes de la Policía Nacional en cargos de dirección y administrativos; 20 representantes de la Escuela de Estudios Superiores de Policía (oficiales superiores en el grado de teniente coronel en curso de ascenso 2014); dos docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia; dos docentes de la Universidad Militar Nueva Granada y seis investigadores en ciencia, tecnología e innovación del Centro de Inteligencia Prospectiva.
Procedimiento e instrumentos
El desarrollo de la metodología DELPHI, como lo plantea Linstone & Turoff (2002), se llevó a cabo a través de los siguientes pasos:
Definición del tema objeto de investigación. Recopilación de información de fuentes abiertas, con el propósito de encontrar datos de interés que permitieran descubrir los ciclos evolutivos de hechos portadores de futuro, para un primer acercamiento del investigador a las dinámicas del entorno social y de seguridad pública en escenarios futuros.
Selección de expertos para el abordaje del objeto de investigación. Para el caso se escogió una muestra representativa de la Policía Nacional y de la academia, conocedores de los temas sociales y de seguridad pública que se persiguió para la construcción del presente artículo.
Construcción del cuestionario que se utilizó en la primera circulación2. Se fundamentó en preguntas abiertas, que se direccionaron con el fin de conocer la percepción de los expertos frente al objeto de estudio.
Validación del cuestionario de la primera circulación. Fue necesario establecer la validez interna del cuestionario, consistente en aplicar a una muestra de control el cuestionario, para determinar si reunía las condiciones para ser presentado a los expertos y de esta manera obtener la información deseada.
Aplicación en la primera circulación. El cuestionario fue remitido a través de los correos personales de los expertos, junto con una carta de invitación y de instrucciones para el desarrollo de las circulaciones posteriores. La primera circulación fue realizada en el mes de junio del 2014, y consistió en el envío del primer cuestionario, para que los expertos establecieran sus preferencias, dejaran sus sugerencias e indicaran sus comentarios con total libertad frente al tema objeto de estudio.
Análisis de las respuestas al cuestionario de la primera circulación. Una vez diligenciados por la población de expertos, se procedió a realizar la síntesis y selección de información; se obtuvo un conjunto manejable de hechos portadores de futuro para la construcción del instrumento de la segunda circulación. Para la primera circulación se trabajó con la moda estadística, a fin establecer cuál evento era de mayor interés para los expertos en el tiempo proyectado; a su vez, estuvo acompañado de un análisis cualitativo.
Construcción del instrumento de la segunda circulación. Tuvo como finalidad la elaboración de un segundo cuestionario, en el cual se reunieron las posturas de los expertos de la primera circulación, para ser evaluadas nuevamente desde una perspectiva de importancia, tiempo de ocurrencia, restricciones de los eventos y necesidades de colaboración, a fin de encontrar puntos de encuentro de las percepciones de los expertos frente a cada evento presentado y así proyectar las tendencias sociales y de seguridad pública al 2032.
Aplicación en la segunda circulación. Fue realizada en septiembre del 2014 por correo electrónico, como la primera circulación.
Análisis de las respuestas al cuestionario de la segunda circulación. El resultado de esta permitió establecer los hechos portadores de futuro más sobresalientes para los expertos. Asimismo, se realizó un análisis estadístico de las previsiones de cada hecho portador de futuro, el cual se fundamentó en el cálculo de la media, la moda y el percentil entre las respuestas obtenidas del grupo de expertos, frente a lo cual se estableció como rango de aceptabilidad de la proyección de los hechos portadores de futuro entre el 75 % y 100 % de consenso entre expertos.
Argumentación de hechos portadores de futuro en el ámbito de la seguridad pública y nuevos órdenes sociales. Se procedió a proyectar los gérmenes de futuro con mayor consenso entre la población de los expertos encuestados.
Resultados
Con esta lógica, el tratamiento y la posterior sistematización de los datos obtenidos en la segunda circulación del DELPHI permitieron proyectar, por un lado, cuatro focos de atención del panorama de seguridad pública en el posconflicto, relacionados con temas que han estado presentes en el escenario de seguridad actual y que emergerán por la incidencia de factores sociales, económicos y políticos de procedencia global, y por el otro, la identificación de capacidades de la Policía Nacional frente a estos cambios inminentes, que le permitirán estar a la vanguardia de la dinámica de seguridad que se presentará en el país.
De esta manera, se hizo un abordaje, en dos bloques, de los resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología, al describir en primera medida los hechos portadores de futuro que generarán mayor influencia en el escenario social y de seguridad pública colombiana en el futuro, y que finaliza con una propuesta organizacional y funcional que puede ser objeto de discusión en el desarrollo de capacidades futuras de la Policía Nacional.
La sociedad colombiana en el posconflicto: responsabilidad comunitaria
A medida que se vaya consolidando el estado de posconflicto en el país, la sociedad colombiana empezará a llevar a cabo acciones conducentes a la reconstrucción de la convivencia, debido a que el comportamiento de las tendencias sociales a nivel global y regional en este campo trazarán la línea base para que las organizaciones civiles, representadas en asociaciones, agrupaciones o colectivos, se unan para trabajar en pro de un interés ético definido, con el que podrán identificarse la mayoría de los ciudadanos, como el caso que atañe a los intereses colombianos futuros: la construcción de paz.
Por tanto, el papel emergente de la sociedad civil colombiana del posconflicto se fundamentará en la aparición de ciudadanos líderes que promoverán la toma de conciencia frente a la planificación de la inversión social futura, que despertará la conciencia ciudadana y organizará eficazmente el movimiento de la acción civil a través de su intervención, hecha desde fuera, sobre los estamentos que dirigen el Estado, conduciéndolos a asumir la gestión de los ideales sociales colombianos a largo plazo, como lo plantea Etzioni (citado en López de Pedro & Lostao, 2000) desde su concepción de responsabilidad comunitaria3.
Así las cosas, la sociedad civil colombiana pondrá en práctica la definición de justicia y derechos de cada ciudadano desde el civismo, que puede ser entendido como la apropiación de comportamientos comunitaristas fundamentados en la libertad, dejando a un lado el individualismo que ha caracterizado al país en los últimos años, al amparo de la crisis que ha provocado el conflicto interno.
En este sentido, el comunitarismo que identifi- cará al colombiano del futuro estará fundamentado en la concatenación de los deseos, fines y valores sociales que considera válidos, que ha elegido y que respeta en el espacio público y privado, y que, por tanto, lo llevará a asociarse de forma libre bajo la concepción de intereses comunes capaces de mediar con el poder público y actuar desde el diálogo, el consenso y la resolución pacífica de conflictos.
En este orden de ideas, la aparición de esta forma de organización de la sociedad civil, con autonomía frente al Gobierno y sus instituciones, con intención de condicionar las políticas orientadas a realizar los ideales populares de justicia, libertad, solidaridad y prosperidad, representará una verdadera inclusión de la sociedad en el posconflicto.
Desde esta perspectiva, en el futuro las principales situaciones que permitirán materializar los propósitos filosóficos del comunitarismo hacia la libre iniciativa de individuos y grupos sociales por el respeto de la dignidad de todos, la libertad, la paz y la justicia se pueden enmarcar en los siguientes hechos portadores de futuro, que se desarrollarán entre el 2015 y el 2032:
En este orden de ideas, los expertos identificaron el tiempo de ocurrencia de cada hecho portador de futuro bajo los criterios de aumento o disminución de sus manifestaciones en el territorio colombiano, como se observa a continuación (vid. figura 2).
Así las cosas, entre el 2015 y el 2019, con un nivel de consenso del 80,25 %, los expertos determinaron la aparición de los primeros indicios de una sociedad civil caracterizada por la presencia de ciudadanos que promoverán la veeduría social en el ejercicio de la gobernabilidad, a través del seguimiento, rendición de cuentas y estado de derecho, en aras de lograr la sostenibilidad y sustentabilidad colombiana; en este lapso se empezarán a gestar ideas innovadoras y generadoras de cambio en gestión pública, a través de su participación activa en la formulación de políticas públicas equitativas o igualitarias, de alta eficiencia, eficacia y efectividad, que darán lugar a una nueva perspectiva de salud, educación, vivienda, economía y seguridad de los colombianos.
Asimismo, entre el 2020 y el 2028, con el 79,9% de consenso, los expertos determinaron que los ciudadanos colombianos empezarán a buscar como alternativas colectivas de mantenimiento de la seguridad en sus espacios residenciales, laborales y de ocio, su inclusión como actores activos en el ejercicio de la prevención, el respeto por la diferencia del otro y la resolución de los conflictos de manera pacífica, materializando el ideal social que durante años se construyó en torno a lograr que la seguridad y la convivencia no solo se atribuyera a la policía, sino a la colocación de la comunidad como pieza articuladora de los demás actores en el círculo virtuoso comprendido por la institucionalidad, la academia y los gremios para el logro de este fin común.
Esto evidencia que la mayor parte de la ciudadanía colombiana tendrá una sensibilidad solidaria hacia las necesidades de su congénere, indistintamente de sus condiciones sociales, y la justicia se convertirá en un ideal incluyente de los diferentes sectores -público/privado, religioso, político, educativo, de salud- para buscar soluciones a las necesidades de los demás de manera conjunta y coordinada.
Como resultado de lo anterior, se propugnará por el ciudadano ético, solidario, orgulloso de su país, escultor de las virtudes ciudadanas, eje de trasformación, capaz de socializar principios y valores que dejen entrever que son seres humanos comprometidos en la construcción de una Colombia capaz de desarrollar la convivencia ciudadana, la justicia social y la preservación del entorno.
Y finalmente, entre el 2029 y el 2032, con un 75,30 % de consenso, los expertos consideraron que se podrá observar la aplicabilidad de los principios del comunitarismo, a través de la constitución de una generación cuyas competencias ciudadanas han sido forjadas, en primera instancia, en el seno de familias con valores sociales que se enfocarán en el respeto, la colaboración y la compasión por las personas, y que vendrá a ser complementada por centros educativos que propenderán por la paz y el ejercicio de los derechos humanos, para el fortalecimiento de una sociedad marcada por la democracia, pacífica e incluyente, que dirigirá sus intereses hacia una actuación solidaria, que por su propia lógica tenderá a una nueva organización sociopolítica y será capaz de imponer a la institucionalidad del Estado su orientación hacia el nuevo orden sociopolítico-económico que responda a estos nuevos ideales.
La seguridad pública en el posconflicto: ¿qué fenómenos de inseguridad se deberán enfrentar?
En la actualidad el país ha entrado en una etapa exploratoria de diálogos de paz entre el Estado y las FARC, situación que plantea la posibilidad de terminar el conflicto con este grupo subversivo y avanzar hacia la construcción de paz. Esta posibilidad invita a diversos sectores de la sociedad y de la institución policial a analizar de forma anticipada los desafíos sociales y de seguridad pública que se materializarán en el posconflicto, con el propósito de empezar a construir enfoques y estrategias que permitan afrontar los retos y oportunidades emergentes.
De acuerdo con lo anterior, es muy probable que Colombia avance hacia un estado de responsabilidad social en el posconflicto, situación que en muy poco tiempo traerá cambios beneficiosos para el país; sin embargo, existirán desafíos en seguridad pública que podrán ejercer algún tipo de modificación en el curso normal de los acontecimientos sociales, teniendo en cuenta que la confluencia de fenómenos de inseguridad tradicionales y la aparición en escena de nuevas manifestaciones darán lugar a la transfiguración, al año 2032, de la criminalidad, del conflicto social y de la explotación medioambiental.
De cara a este panorama, a continuación se describirá cada uno de estos fenómenos y su impacto en la tranquilidad de los colombianos en un futuro próximo, a través de hechos portadores de futuro que permitirán comprender su trayectoria y el período de tiempo en que tendrán su mayor auge.
¿Cómo se comportará el fenómeno criminal en el posconflicto?
El nivel de sofisticación en el modus operandi y adaptabilidad de los grupos subversivos generarán cambios sustanciales en el posconflicto colombiano, de tal forma que las manifestaciones de criminalidad apalancadas por circuitos económicos ilegales seguirán siendo el foco de atención en el futuro, debido al conjunto de actividades que desarrollarán de manera corporativa, cuyo propósito apuntará a la obtención de ganancias por la realización de sus actividades ilegales (Ferrajoli, 2006).
De cara a este panorama, es posible advertir que la criminalidad desempeñará un papel importante como agente desestabilizador de la seguridad pública futura y de la iniciativa de una sociedad comunitarista; por tanto, al obtener la opinión de los expertos frente a este fenómeno, se pudieron establecer como principales manifestaciones a favor y en contra los siguientes hechos portadores de futuro:
En este orden de ideas, la selección de estos hechos portadores de futuro está soportada en el tratamiento de datos que se realizó bajo los criterios de disenso y consenso por parte de los expertos consultados frente al aumento o disminución de cada uno (vid. figura 3).
El hecho portador de futuro más relevante está relacionado con el incremento de la delincuencia común en zonas urbanas, con un nivel de consenso del 87,3 % entre expertos; de esta manera, se puede establecer que entre el 2015 y el 2019 habrá un aumento paulatino de actividades antisociales, como el asalto a transeúntes, el carterismo, la violación, el robo de bienes y artículos menores, el hurto a residencias, de vehículos, el vandalismo, los grafitis o marcación de muros y monumentos.
Esta situación podría llegar a acentuarse en ciudades capitales del país; sin embargo, no se descarta su presentación en otras ciudades de menor importancia, que por su posición geoestratégica y actividad económica serán importantes para los grupos subversivos, por constituirse en zonas proclives para el desarrollo de sus actividades ilícitas.
Lo anterior permite comprender que el posconflicto colombiano estará marcado por la continua modificación del cuadro delictivo y contravencional, producto de la insostenibilidad de los mínimos vitales de los sectores sociales que sean menos favorecidos durante esta transición. Además, se puede contrastar la agudización de la tendencia delictiva en las primeras etapas del posconflicto colombiano con las experiencias internacionales de Guatemala y El Salvador, y ratificar lo establecido por Carvajal (2004) cuando dice que un país después de una confrontación armada, a pesar de implementar mecanismos de prevención, puede ver crecer ostensiblemente este tipo de manifestaciones de criminalidad.
Sin embargo, los expertos consideran que después del 2020 esta situación tendrá un decremento considerable, en atención a las capacidades desarrolladas por las instituciones del Estado para responder de forma adecuada ante las necesidades de la ciudadanía, así como de aquellas instituciones dedicadas a la seguridad para evitar o controlar la materialización de sus actividades ilícitas, situación que fortalecerá la seguridad ciudadana en el país.
Por otra parte, el segundo hecho portador de futuro, en orden de importancia, con un nivel de consenso entre expertos del 81,20 %, es la transferencia de conocimiento frente al modus operandi y avances tecnológicos, por parte de grupos subversivos presentes en otros continentes a grupos subversivos colombianos.
En este sentido, entre el 2015 y el 2023 habrá un incremento en la transferencia de conocimiento criminal para la elaboración de armamento convencional y de última tecnología, proveniente de Asia, Oriente Medio y Europa, así como en el desarrollo de actividades criminales más sofisticadas, relacionadas con la extorsión, el tráfico de estupefacientes, la adulteración de documentos, el crimen de finanzas, entre otros. Asimismo, se producirá un aumento paulatino del ciberdelito4 (Consejo de Europa, 2001), destacándose la comercialización de material pornográfico que incluye a la población infantil, juegos ilegales en línea, difamación e información falsa, violaciones en materia de derechos de autor y de marcas, así como fraude informático5 en función del fortalecimiento de grupos subversivos de otros continentes en la región latinoamericana.
Con fundamento en lo anterior, los ciberdelitos, según lo establecido por la Organización de Estados Americanos (2013), ya están presentando sus primeras manifestaciones con el incremento de técnicas de hacking, entre las que se destacan el spoofing y phishing de páginas web, dirigidos a entidades estatales, militares e instituciones financieras, y en el futuro tenderán a incrementarse por la emergencia de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).
El tercer hecho portador de futuro está relacionado con la alianza de grupos subversivos de cara a las economías ilícitas que se derivan del narcotráfi- co, con un porcentaje de consenso entre expertos del 78,50 %; de esta manera, se puede establecer que entre el 2015 y el 2019 esta alianza se producirá en mayor escala en zonas limítrofes y marítimas, con el fin de poder transportar droga desde los países vecinos a mercados internacionales, lo que dará lugar al incremento de la violencia en los corredores de movilidad y zonas estratégicas para la accionabilidad de la cadena del narcotráfico en todas sus formas.
Partiendo de la configuración actual de los grupos subversivos y los fines que persiguen, se puede referir que su alianza tiene como finalidad el incremento de las ganancias y la implementación de nuevos órdenes sociales que sean favorables a sus fines estratégicos (Martínez, Beltrán, Pobre & Parra, 2014). Por tanto, en el futuro se crearán nuevas olas de violencia, por confrontaciones con otras estructuras y excombatientes, que por coacción se verían obligados a pertenecer de nuevo a dichas estructuras.
No obstante, con la descriminalización de la droga6 a nivel de Europa, Asia y ahora en las Américas (Transnational Institute Drugs and Democracy, 2014), a fin de que los Estados empiecen a regular y controlar el uso de las drogas hasta el momento ilícitas, es muy probable que en Colombia, a partir del 2020 y en adelante, se empiecen a materializar proyectos o estrategias que permitan lograr disminuir el control de grupos subversivos dedicados a esta actividad ilícita en el país.
El cuarto hecho portador de futuro tiene relación con el incremento de la mutación de delitos transnacionales producto de la globalización, con un nivel de consenso del 77,80 %, dando a conocer cómo la evolución y sofisticación de los grupos subversivos dedicados a esta actividad en el país y a escala global, entre el 2020 y el 2024, afrontarán cambios significativos en su infraestructura, en la ampliación de sus mercados y tentáculos, en su poder corruptor, en las alianzas globales y su forma de operar en red, como microcélulas interconectadas y con un nivel considerable de diseminación y repliegue en el territorio.
Hoy y de cara al futuro se aprecia que la globalización ampliará el alcance de esta actividad ilícita y de las estructuras que se dedican a ella, a partir de la interconexión y control de redes criminales de apoyo y la conquista de nuevos espacios económicos, en pro de maximizar las ganancias provenientes de múltiples rentas criminales y las alianzas estratégicas con diversas redes.
Finalmente, el quinto hecho portador de futuro, que cobrará fuerza de acuerdo con la posición de los expertos, está relacionado con la disminución de la corrupción como uno de los principales factores que fomentarán el desarrollo social y económico del país, con un porcentaje de consenso del 79,30 %; a la luz de estos argumentos, cabe resaltar que el índice de corrupción que actualmente refleja Colombia la ubica en el puesto 94 de 175 países que conforman el ranking7, de acuerdo con la Organización de Transparencia Internacional, lo cual genera una percepción de baja corruptibilidad.
Lo anterior indica que entre el 2020 y el 2023 la transparencia que promoverán las instituciones del Estado colombiano, luego de una transformación profunda de las mismas en la primera fase del posconflicto, generará un ambiente de satisfacción frente a los mínimos vitales de educación, empleo e infraestructura, y contribuirá así al fortalecimiento del comunitarismo en el país.
¿Cómo se proyecta el conflicto social en el posconflicto colombiano?
Comprender las tensiones, contradicciones y transformaciones que determinarán los patrones de comportamiento de la sociedad colombiana en el futuro, en especial aquellas que a nivel nacional desestabilizarían el comunitarismo en Colombia, se convierte en una de las necesidades de seguridad más importantes para las instituciones del Estado en el posconflicto, teniendo en cuenta que en la actualidad la expresión de conflicto social en el país se deriva en gran parte de las desigualdades que han tenido que afrontar los ciudadanos, producto del conflicto y de las dificultades que ha tenido el Estado para responder ante sus necesidades más apremiantes.
Estas situaciones en gran medida se traducirán en múltiples expresiones de protesta social, que se materializarán en alteraciones del orden público y el incremento de las manifestaciones de violencia en el futuro, y quizá traspasarán el frágil límite que existirá entre comportamientos violentos difusos y criminales.
En este sentido, los hechos portadores de futuro, que darán soporte a las manifestaciones de este fenómeno, se relacionan con:
De acuerdo con lo anterior, el nivel de consenso y disenso de los expertos frente a su aumento o disminución en los próximos años, determinará el futuro de la conflictividad social (vid. figura 4).
En este sentido, los expertos establecieron, con un 90,20 % de consenso, que el hecho portador de futuro de mayor relevancia estará relacionado con la informalidad como alternativa económica en las primeras etapas del posconflicto, teniendo en cuenta que la transición hacia la construcción de paz para el país y la reestructuración sustancial que llevará a cambios económicos, políticos y de seguridad, finalmente impactarán de forma negativa el modus vivendi de la sociedad colombiana.
Así, entre el 2015 y el 2019, en las principales ciudades de Colombia es probable que se incremente la ocupación del espacio público y la venta de mercancía sin pago de impuestos; asimismo, en zonas de frontera puede configurarse la reventa de combustible y la importación de productos de la canasta familiar y farmacéuticos, sin las condiciones adecuadas para su consumo.
A la luz de este panorama, y al revisar lo establecido por Berny (2003) frente a la informalidad, es posible advertir que esta modalidad de trabajo podría convertirse en ilegal, en la medida que circunstancias como la pobreza, el desempleo, un limitado mercado laboral y poca accesibilidad a la educación apalanquen en la sociedad colombiana la realización de actividades económicas que traspasen la línea de la formalidad.
Es muy probable que procesos de desmovilización y atención a las víctimas del conflicto, en este período de tiempo, se conviertan en un factor facilitador de la informalidad, debido a las dificultades económicas y políticas que pueda afrontar el país por su reacomodamiento a las nuevas exigencias del posconflicto. No obstante, después del 2019 esta situación puede cambiar, toda vez que con el análisis de procesos similares a nivel internacional y el aprendizaje que se originó de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se puedan desarrollar estrategias que permitan minimizar los errores cometidos en el pasado.
El segundo hecho portador de futuro, con el 87,60 % de consenso entre los expertos, está relacionado con la emergencia de movimientos libertistas que inducirán a la protesta social; por tanto, los movimientos sociales que giren en torno al rechazo de propuestas políticas, sociales, económicas y de seguridad que vayan en contravía del desarrollo social y humano tendrán una mayor representatividad entre el 2015 y el 2019, a través de marchas, bloqueos, huelgas y asonadas, en mayor medida por el sector estudiantil, seguido de los sectores de transporte, agricultor y minero de Colombia.
La posibilidad de reproducción de este hecho portador de futuro es una consecuencia lógica de las nuevas y mayores expectativas de la comunidad; las recientes movilizaciones y protestas de diversos sectores de la población colombiana son muestra del creciente inconformismo social y de cómo las marchas y movimientos sociales irán adquiriendo un mayor dinamismo en la esfera de las luchas sociales.
Es de resaltar que esta situación puede ser aprovechada por grupos subversivos, para ejercer control sobre terrenos con gran capacidad de producción agrícola para fines ilícitos que pueden afectar la economía del país.
El tercer hecho portador de futuro, con el 80,20 % de consenso entre los expertos, está relacionado con la disminución de la violencia por intolerancia social: el racismo, la xenofobia, el sexismo y la homofobia tendrán una disminución significativa de sus manifestaciones a partir del 2020, debido a una nueva concepción de la vida que rodeará a la sociedad colombiana, el diseño de políticas y un sistema judicial fortalecido, que condicionarán los comportamientos agresivos, adquisitivos y explotadores que induzcan a la intolerancia social.
Es de resaltar que la materialización de este hecho está soportada por aspectos que se han puesto en práctica en países desarrollados, y que en poco tiempo impactará a aquellos en vías de desarrollo, como Colombia.
Y por último, el cuarto hecho portador de futuro, con el 76,30 % de consenso entre expertos, está relacionado con la disminución del analfabetismo y su relación con la educación colombiana, situación que ha empezado a dar sus primeros brotes de cambio a comienzos del 2015, debido a las reformas educacionales que se vienen presentando a todo nivel, y sobre las que prima la cátedra de la paz como mecanismo de preparación de la sociedad para afrontar el posconflicto y contribuir a su permanencia en el tiempo una vez que se ingrese en él.
Lo anterior contribuirá a la reducción del pandillismo juvenil en colegios y de la deserción escolar, y el incremento de actividades delictivas que irán en contravía de los principios de construcción de paz en el posconflicto.
¿Hacia dónde va la explotación ilícita de recursos geoestratégicos en el posconflicto?
El entramado que se deriva de la preservación del medioambiente, como un componente esencial de la seguridad pública en el posconflicto, tendrá una relevancia alta debido a la inadecuada utilización de los recursos naturales a manos de grupos subversivos, que de no ser contenidos en la actualidad llevarán en un futuro cercano a la desaparición indiscriminada del ecosistema colombiano.
En este sentido, los hechos portadores de futuro que harán manifiesta esta tendencia en el territorio colombiano en los próximos años, de acuerdo con la opinión de los expertos (vid. figura 5), serán:
El primer hecho portador de futuro, con un nivel de consenso entre expertos del 82,30 %, frente al aumento de la explotación de recursos naturales como fuente de sostenibilidad criminal, indica que entre el 2015 y el 2019 la comercialización de materiales como el coltán generará conflicto por la propiedad de los yacimientos y cargamentos entre grupos subversivos, en zonas como Vichada, Guainía y Vaupés, donde la concentración de este mineral es alta, y a su vez confrontaciones armadas entre los distribuidores, que obtendrán a través de este mineral una fuente económica sostenible, por su importancia en la industria electrónica y de construcción de tecnología para uso criminal.
Por su parte, la explotación ilícita de yacimientos mineros se incrementará en el sur de Bolívar, La Guajira, Tolima, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Cauca, Guainía, Tolima y Quindío, lo que generará, además de manifestaciones de conflicto social, un impacto ambiental grave relacionado con la contaminación de fuentes hídricas y la erosión de los suelos por actividades antrópicas.
Esta situación se soporta en lo referido por Maldonado & Rozo (2014) frente a la minería ilegal, donde la extracción antitécnica y la degradación del medioambiente, junto con la convergencia de grupos subversivos, son considerados como factores que llevan a la comisión de diferentes delitos, que van desde la explotación y aprovechamiento ilícito de minerales, pasando por la vulneración de los recursos naturales y el medioambiente, violación de derechos humanos (desplazamiento forzado, homicidios y secuestros), lavado de activos, enriquecimiento ilícito, hasta problemas de conflicto social, como la prostitución, el trabajo infantil, deserción escolar, alcoholismo, drogadicción y enfermedades de transmisión sexual.
No obstante, este aprovechamiento ilícito de recursos naturales, a partir del 2020, irá disminuyendo el protagonismo de grupos subversivos, debido a que la actuación del Estado permitirá tener un mayor control de la explotación de minerales, flora y fauna, así como de la criminalidad y la violencia generadas por estas actuaciones ilegales.
El segundo hecho portador de futuro, con un 80 % de consenso frente a su aumento, es la contaminación ambiental, como factor determinante de daño sobre el ecosistema colombiano, situación que se empezará a incrementar desde el 2015, por el efecto que generará el tratamiento de minerales en fuentes hídricas en Antioquia y Chocó; por otra parte, está la tala indiscriminada de árboles en regiones de la Amazonia, para su comercialización en otros países, y el impacto ambiental de flora y fauna, causado por empresas que generan residuos contaminantes en zonas rurales.
Pero el escenario no es del todo catastrófico, teniendo en cuenta que al 2020 el gobierno colombiano ejercerá los controles necesarios que evitarán este tipo de actividades de degradación ambiental, en especial aquellas contra oleoductos, como las realizadas en la actualidad por grupos subversivos como las FARC, a fin de disminuir el impacto ambiental que se puede derivar de ellas.
Finalmente, el tercer hecho portador de futuro, con un 75,80 % de consenso frente a su aumento, está relacionado con el control de zonas geoestratégicas por parte de grupos subversivos, los cuales a partir del 2015 determinarán su interés en zonas productivas, como La Macarena (Meta), la región del Catatumbo y Norte de Santander, en Montes de María y en el Cauca, para el sustento financiero y la expansión de sus actividades criminales y terroristas.
Este control tenderá a reducirse siempre y cuando en el posconflicto el Gobierno colombiano pueda ampliar su cobertura hacia zonas que en la actualidad se encuentran bajo el dominio de grupos subversivos, así como en aquellas donde las condiciones de vida aún no son las más adecuadas para generar desarrollo socioeconómico.
Capacidades de la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto
Frente al panorama de seguridad pública actual, es posible establecer que aun cuando la Policía Nacional se encuentra en constante evolución, necesita perfeccionar aspectos organizacionales y funcionales que permitan que la prestación de sus servicios prevalezca más allá de un período de posconflicto.
Por tal motivo, deberá renovar su estructura clásica, mediante el diseño e implementación de nuevas plataformas de gestión y direccionamiento moderno, que permitan optimizar el trabajo preventivo y de protección del Estado, en atención a los problemas de seguridad pública identificados, mitigando posibles expresiones de disfuncionalidad que dificulten el ejercicio de la gobernabilidad y la gobernanza8, y el desarrollo de la responsabilidad comunitaria que caracterizará a la sociedad del futuro.
Desde esta perspectiva, a continuación se dan a conocer los aspectos que los expertos consideran como ejes de transformación claves para que la Policía Nacional empiece a generar las acciones pertinentes desde el ahora (vid. figura 6), para estar preparada ante la materialización de los hechos portadores de futuro sociales y de seguridad pública identificados al 2032.
La principal reforma y eje de cambio, con un nivel de consenso entre expertos del 95,30 %, apunta hacia el fortalecimiento de la esencia (ethos) civilista del servicio de policía en Colombia, característica que sobresale en la mayoría de cuerpos de policía de Latinoamérica y que sería una buena alternativa para que la ciudadanía empiece a representar en la policía, durante las primeras etapas del posconflicto, el engranaje donde confluirá toda oportunidad para prevenir y contener los fenómenos que afectan la seguridad del ciudadano, toda vez que sería su principal representante de control civil en los asuntos que afecten la tranquilidad de los colombianos.
En segunda instancia, con un nivel de consenso del 87,40 %, los expertos consideran que se hace necesaria la innovación del currículo académico, en aras de contar con personal cualificado, conocedor del contexto de seguridad sobre el cual ejerce la actividad de policía, y la forma como su actuar debe entrar en consonancia con las políticas de un Estado en posconflicto, donde prima el paradigma de la construcción de paz.
Por tanto, la educación policial deberá empezar a reconfigurar la preparación policial hacia un modelo de revolución educativa, que le otorgue al uniformado las competencias intelectuales y técnicas necesarias para liderar, tanto dentro de la institución como fuera de ella, el aprender a convivir en paz.
Así las cosas, además de los cambios sustanciales que se presentarán en el pénsum académico policial, como forma de alienación a esta nueva tendencia en el país, los expertos consideran que deberá llevarse a cabo un redimensionamiento de la cultura institucional, con un nivel de consenso del 81,40 %, empezando por un cambio en la medición del servicio de policía, dejando de lado los indiciadores de reacción para centrarse en aquellos que miden actividades de prevención y que serán la base para comprender el panorama de seguridad en el posconflicto; lo anterior, en palabras de Blackwell (2015), podría entenderse como "la acentuación de las capacidades de los servicios de policía para actuar antes, en lugar de aquellas adecuadas a dar una respuesta institucionalizada después que el hecho delictual haya ocurrido" (Blackwell, 2015, p. 4).
De igual forma, los expertos consideraron como necesario en el posconflicto innovar las formas y los modos como se viene realizando el ejercicio de la ley por parte del policía, con un nivel de consenso del 78,80 %, para incrementar los niveles de confianza de los ciudadanos en la institución, al considerar su actuación fundamentada en el respeto de sus derechos y libertades.
Lo anterior puede reafirmarse con lo establecido por Blackwell (2015) al referir que "el fortalecimiento de la policía, de los servicios de la fiscalía y del poder judicial conduce a beneficios tales como la promoción de la legitimidad y la confianza de la población en la aplicación de la ley, de especial importancia cuando las percepciones de inseguridad van de la mano con la desconfianza en las fuerzas policiales" (Blackwell, 2015, p. 4).
Por otra parte, los expertos consideraron, con un nivel de consenso del 76,60 %, la construcción de un perfil del policía orientado a la comunidad equiparable a la figura de un líder constructor de paz, condición que reafirmará los lazos de interacción entre la institución, la comunidad y las autoridades político-administrativas, para trabajar de manera conjunta en la prevención de las manifestaciones de criminalidad, conflicto social y delitos ambientales, que influirán de manera negativa en el desarrollo de la responsabilidad comunitaria al 2032.
Por otra parte, con un nivel de consenso entre expertos del 75,70 %, frente fortalecimiento de las capacidades operacionales institucionales, se hace necesario que la institución actúe sobre las bases de un modelo de servicio de policía renovado, que permita el desarrollo de operaciones de alto valor contra grupos subversivos, así como la contención del crimen transnacional en todas sus formas, pues este último exige una mayor especialización de la institución policial para estar a la vanguardia de sus manifestaciones.
Para ello se requiere del perfeccionamiento constante de las competencias del talento humano que hacen parte de las especialidades, como Investigación Criminal e Interpol, Antinarcóticos, Inteligencia Policial y Policía Fiscal y Aduanera, a fin de optimizar el trabajo intra e interinstitucional que se ha realizado en los últimos años para evitar la reconfiguración y emergencia de nuevas modalidades.
Aunado a esto, con un 75,50 % de consenso entre expertos, se hace necesario potenciar aún más los proyectos que hasta la fecha ha realizado la Policía Nacional relacionados con innovación tecnológica, y siguiendo la propuesta realizada por Trujillo (2012), es necesario que se enfoquen esfuerzos hacia la adquisición de tecnología relacionada con gobierno en línea, inteligencia artificial y de negocios, ambientes intranet y extranet, mejores prácticas en propiedad intelectual, seguridad local, seguridad perimetral, reconocimiento de patrones, tecnología de espionaje, prácticas y modelos de tecnología e innovación sostenibles, gestión de la continuidad del negocio, protocolos de seguridad, seguridad pasiva, energía y sostenibilidad, para estar alineados a las tendencias tecnológicas de la segunda mitad del siglo XXI.
De igual forma, con un 75,30 % de consenso entre expertos, se evidencia la necesidad de fortalecer los proyectos relacionados con la protección de los habitantes, para garantizar la disponibilidad y eficiencia de su servicio en todo el territorio colombiano, y así enfrentar fenómenos como las redes criminales urbanas y el narcotráfico. En este orden de ideas, para la lucha contra estas redes emergentes del crimen se requiere de instrumentos complementarios a las políticas nacionales de seguridad, que orienten la alianza de las entidades nacionales y regionales, con los gobiernos y comunidades locales, en función de un renovado modelo de gestión prospectiva territorial de la seguridad pública (Palau, 2012).
Finalmente, con un nivel de consenso del 75,10 % entre expertos, el papel que desempeñará la cooperación internacional en el fortalecimiento de la Policía Nacional, luego del período de conflicto interno, tal como lo ejemplifican los cuerpos de policía centroamericanos, deja entrever su importancia en el fortalecimiento de competencias técnicas policiales ante la presencia de fenómenos provenientes de la dinámica criminal internacional. Es así que para el caso colombiano, trabajar de la mano con la comunidad internacional, representada por Unasur, Europol, Eurojust, Frontex, Ameripol y la ONU, permitiría fortalecer las redes de cooperación en la lucha contra el crimen organizado, y de manera indirecta fortalecería la dinámica institucional, toda vez que serviría como una forma de contención externa de la criminalidad y permitiría consolidar la paz en Colombia.
Conclusiones
Las principales conclusiones frente al desarrollo de la responsabilidad comunitaria y la seguridad pública al 2032 están relacionadas con los siguientes puntos:
Notas
1 Es un método de pronosticación cualitativo, en el cual se recopila la opinión de un grupo de expertos para tener un mejor panorama de supuestos y opiniones de un tema específico. También se puede entender como una metodología de estructuración de la comunicación grupal, la cual se convierte en una herramienta efectiva a la hora de permitir que un grupo de individuos entre en consenso y disenso al momento de tratar un tema complejo. De igual forma, se lleva a cabo la selección de un grupo de expertos, a los que se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos futuros, las cuales al ser sometidas a tratamiento estadístico se logra obtener una proyección en consenso de lo que puede ocurrir en el futuro.
2 Se entienden por circulación los momentos que establece el método DELPHI para la aplicación de cuestionarios al grupo de expertos.
3 El comunitarismo de Etzioni se define como una corriente de pensamiento congruente con los sistemas económicos capitalistas reinantes en las economías democráticas liberales más avanzadas del mundo; no obstante, rechaza el liberalismo extremo e irrestricto (también llamado "libertarismo"), que pretende ignorar y desmerecer la importancia de la dimensión inherentemente colectiva y comunal de la vida en sociedad.
4 Actividad delictiva o abusiva relacionada con los ordenadores y las redes de comunicaciones, bien porque se utilice el ordenador como herramienta del delito, bien porque sea el sistema informático (o sus datos) el objetivo del delito.
5 En el convenio de ciberdelincuencia llevado a cabo por el Consejo de Europa se establecen unas tipologías de delitos informáticos, entre las que sobresalen delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; delitos informáticos; delitos relacionados con el contenido; delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines.
6 La descriminalización de las drogas aboga por una reducción del control y las multas respecto a la situación legal actual. La descriminalización de las drogas es, en cierto modo, una medida intermedia entre la prohibición y la legalización, y ha sido criticada también como la peor de las opciones, al mantener la venta ilegal y que perpetúa los problemas asociados a la clandestinidad de la distribución y producción de drogas.
7 La Organización de Transparencia Internacional establece que Colombia, entre 1995 y el 2014, ha ido evolucionando en los niveles de transparencia de las instituciones del Estado, con una variabilidad del ranking entre 31 y 94 grados, y con una variación del índice de corrupción entre 34 y 37 puntos.
8 La gobernabilidad se concibe como un atributo, una cualidad de las sociedades y no de los gobiernos, y la gobernanza se refiere al conjunto de dispositivos y condiciones que, como un todo, tienen por función mantener la gobernabilidad de una sociedad.
Referencias
Barreiro, P. & Albandoz, J. (2001). Población y muestra. Técnicas de muestreo. Management Mathematics for European School. Recuperado de http://optimining.mathematic.uni-kl.de/mamaeush/vereffentlichungen/vertexte/samping_es.pdf.
Berny, L. (2003). Trabajo, pobreza y calidad de vida: el caso de un grupo de cartoneros de la comuna de Providencia, Santiago. Recuperado de: www.flacso.chile.cl/publicaciones/mad/08/paper06.pdf.
Blackwell, A. (2015). La policía que merecemos: una discusión para el futuro. Wilson Center: Latin American Program. Recuperado de www.wilsoncenter.org/latin-american-program.
Calderón, P. (2009). Teoría de conflictos de Johan Galtung. Revista Paz y conflictos, 2: 60-81. Disponible en http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n2_2009_dea3.
Cárdenas, M. (2003). La construcción del posconflicto en Colombia: enfoques desde la pluralidad. Bogotá: FESCOL. Recuperado de http://www.fescol.org.co/images/stories/Docs/LibrosPDF/PubCconstruccionposconflictoCompleto.pdf.
Carvajal, C. (2004). La Policía Nacional en el posconflicto. Revista Criminalidad, 47: 38-48.
Consejo de Europa (2001). Convenio sobre la ciberdelincuencia. Budapest. Recuperado de www.coe.int/t/cooperation/economiccrime/source/cybercrime/TCV.ETS_185_spanish.pdf.
Consejo Privado de Competitividad (2009). Mejorando la competitividad de Colombia. Recuperado de http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-156927_archivo_ppt.ppt.
Ferrajoli, L. (2006). Criminalidad y globalización. Recuperado de www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex115/BMD11510.
Fundación Ideas para la Paz (2014). Ideaspaz. Recuperado de http://www.ideaspaz.org/foundation/about.
Garzón, J. (2013). La diáspora criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener su expansión. Recuperado de www.wilsoncenter.org/latin-american-program.
Garzón, J. D., Parra, A. P. & Pineda, A. S. (2003). El posconflicto en Colombia: coordenadas para la paz. 159. Recuperado de http://88.198.249.35/d/el-posconflicto-en-Colombia-COORDENADAS-para-laPaz.
Instituto Colombiano de Estudios sobre conflictos y Acción Humanitaria (2014). La dimensión humana tras los acuerdos de paz. Recuperado de http://www.iecah.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=25.
Martínez, I., Beltrán, D., Pobre, W. & Parra, R. (2014). El mundo institucional de las actividades económicas criminales. Boletín DIPOL CIPRO, 13.
Moreno, G. (2014). El Salvador: modificar la estructura de seguridad para favorecer las garantías de una democracia. En El rol de la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto (pp. 25- 36). Policía Nacional de Colombia. Bogotá: Dirección Nacional de Escuelas. Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro.
Linstone, H. & Turoff , M. (2002). The delphi method: techniques and applications. Recuperado de http://www.is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf.
López de Pedro, J. & Lostao, E. (2000). La filosofía moral y la propuesta de Amitai Etzioni en la nueva regla de oro. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuperado de http://www.arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/download/989/996.
Maldonado, I. E. & Rozo, L. M. (2014). Convergencia de los grupos armados organizados al margen de la ley en la minería aurífera aluvial en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Revista Criminalidad, 56 (3): 119-138.
Organización de Estados Americanos (2013). Tendencias en la seguridad cibernética en América Latina y el Caribe y respuestas de los gobiernos. Recuperado de www.trendmicro.com.
Organización de Transparencia Internacional (2015). índice de percepción de corrupción. Recuperado de http://www.datosmacro.com/paises/colombia.
Palau, J. F. (2012). Del miedo a la esperanza, la confianza y la prosperidad. Periódico de la Policía Nacional de Colombia, 11: 15.
Penilla, H. (2014). Nicaragua: intereses económicos y la doctrina de destino manifiesto. En El rol de la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto (pp. 55-70). Policía Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Escuelas. Bogotá: Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro.
Pérez, T. (2011). conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Recuperado de http://www.unirioja.es/descarga/articulo/3948593.
Prandi, M. & Lozano, J. (2003). La RSE en contextos de conflicto y posconflicto: de la gestión de riesgo a la creación de valor. Recuperado de: http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/webRSE
Ramírez, J. (2014). República Centroafricana: un posconflicto fallido y conversaciones de paz como estrategia de guerra. En El rol de la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto (pp. 117-124). Policía Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Escuelas. Bogotá: Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro.
Rangel, A. (2010). Colombia: perspectivas de paz y seguridad. Recuperado de http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol50_1/50116colombia.html.
Rettberg, A. (2003). Preparar el futuro: conflicto y postconflicto en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes - Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://www conpaz.uniandes.edu.co/docs/descargar.php
Transnational Institute Drugs and Democracy (2014). Cambios en el debate sobre políticas de droga en América Latina. Recuperado de http://www.druglawreform.info/es/publicaciones.
Trujillo, R. (2012). Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la Policía Nacional de Colombia. Bogotá: Oficina de Planeación Policía Nacional de Colombia.
Vargas, A. (2003). El posconflicto armado en Colombia: la posibilidad de consolidar la democracia. En M. E. Cárdenas Rivera. La construcción del posconflicto en Colombia (1.a ed., pp. 119-135). Bogotá: Fescol; Cerec; Unijus; Ceso. Recuperado de http://www.fescol.org.co/images/stories/Docs/LibrosPDF/PubCconstruccionPosconflictoCompleto.
Vargas, J. (2014). Guatemala: la cuestión étnica como elemento estructural. En El rol de la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto (pp. 37-51). Policía Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Escuelas. Bogotá: Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro.
Villamizar, A. (2014). Posconflicto y construcción de paz: transformaciones de la criminalidad y desafíos de la construcción de paz en el posconflicto: una lectura desde el rol policial (pp. 11-31). Bogotá: Centro de Inteligencia Prospectiva. Dirección de Inteligencia Policial.
